El juicio oral y público a los ocho exdirectivos de Mocipar acusados por supuesta estafa y asociación criminal, entre ellos el exdiputado colorado Dany Durand, se pospuso a raíz de un recurso planteado por el acusado Fabio Arturo Britos, bajo patrocinio del abogado Fabián Sánchez.
Se trata de una excepción de incompetencia planteada el pasado 3 de octubre, a través de la cual Britos sostiene que el caso debe ser juzgado por un Tribunal de Sentencia ordinario y no por un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que, en este caso, está presidido por Matías Garcete e integrado por Elsa García y Adriana Planás.
El colegiado rechazó este recurso y pretendía iniciar el juicio este lunes. Sin embargo, la defensa presentó un recurso de reposición con apelación subsidiaria, con el argumento de que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos estánhabilitado solamente para aquellos casos en que la víctima es el Estado y en este caso, las víctimas son particulares.
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El Ministerio Público, representado por los fiscales Julio Paredes, Hernán Galeano, Silvio Alegre y Julio Ortiz solicitaron el rechazo de la petición de la defensa y recordaron que esta cuestión ya había sido objeto de discusión anteriormente, oportunidad en que la competencia del Tribunal Especializado fue confirmada en instancias superiores.
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Esta mañana, el Tribunal realizó la audiencia de reposición ocasión en que, por unanimidad, rechazó la petición de la defensa. En consecuencia, se dispuso la remisión del expediente a segunda instancia, para que se proceda al estudio de la apelación planteada.
Denuncia contra Dany Durand y otros directivos de Mocipar
Esta causa penal inició con la denuncia presentada por 31 clientes del Grupo Mocipar, quienes señalaron que entre el 2006 e inicios del 2020 fueron víctimas del esquema de estafa que arrancó con el ofrecimiento para la adquisición de bienes como vehículos, inmuebles y electrodomésticos, a precios accesibles, en el programa “Domingo en Familia”, que era transmitido por televisión y estaba a cargo del propio Dany Durand.
Las acusaciones, tanto del Ministerio Público como las querellas adhesivas, detallan que los representantes de Mocipar se comprometieron a la entrega de vehículos en perfecto estado, viviendas o construcción de las mismas y a suministrar electrodomésticos, sin embargo, luego de haber pagado durante años las cuotas y haber cumplido con lo establecido por los directivos de la empresa, los clientes no recibieron nada como contraprestación.
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El perjuicio patrimonial que sufrieron las 31 víctimas del esquema de estafa presuntamente implementado por la firma Mocipar, es de G. 665.004.000, de acuerdo con los informes remitidos por la Sindicatura de Quiebras a la Fiscalía.
Sobre el punto las acusaciones resaltan que los representantes de Mocipar, ahora acusados, no tenían la capacidad económica para cumplir con los compromisos asumidos, por no disponer de la cantidad de bienes comprometidos con los clientes, circunstancia que según los fiscales de la causa, se acredita con la gran cantidad de casos ingresados ante la Oficina de Denuncias del Ministerio Público.