En el distrito de Santa Rosa del Aguaray, unas 100 personas ocupan tierras que aseguran forman parte de una reserva campesina; expulsaron a un menonita que arrendaba el predio y comenzaron la siembra.
La comisión de sintierras está compuesta por unas 100 personas que iniciaron labores agrícolas en el predio. Expulsaron a un colono menonita que supuestamente arrendaba y cultivaba la tierra, y comunicaron que no podrá seguir trabajando en el lugar.
Uno de los voceros de los campesinos dijo, “volvemos a luchar. Llevamos años intentando conquistar estas tierras”, dijó Ranulfo Vázquez, dirigente de la comisión. Según Vázquez, el inmueble estuvo anteriormente en manos de Teresio López, a quien identifican como una persona ajena al régimen de la reforma agraria.
Abel Vázquez, presidente de la Comisión de Desarrollo de la comunidad de Pedro Giménez, sostuvo que las tierras ocupadas son parte de una reserva comunitaria: “es una reserva del asentamiento que comenzamos a recuperar y a cultivar”, afirmó.
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Antecedentes de violencia y conflicto por la tierra
No es la primera vez que este predio es motivo de conflicto. En diciembre de 2010, campesinos del mismo asentamiento protagonizaron un tiroteo con guardias de seguridad del entonces ocupante, Teresio López. En esa ocasión, los campesinos denunciaban intentos de desalojo violento y aseguraban que el predio debía ser adjudicado por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), ya que López usufructuaba la tierra sin cumplir los requisitos de la Reforma Agraria.
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Condena por narcotráfico del anterior ocupante
El conflicto actual resurge en un contexto judicial adverso para el anterior explotador de la tierra. En mayo de este año, un Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado condenó a Teresio López y a otros cinco integrantes de una red de tráfico de cocaína, que utilizaba una estancia en el Chaco para el acopio y distribución de drogas.
López recibió 14 años de prisión, mientras que el cabecilla del grupo, Waldemiro Ymas González, hermano del exfiscal y exjuez Blas Imas, fue condenado a 18 años de cárcel. Otro involucrado, Édgar Cantero Martínez, recibió una pena de 16 años.
Llamado a la intervención estatal
Ante la creciente tensión, los campesinos insisten en permanecer y distribuir equitativamente las tierras entre los miembros de la comisión. Se aguarda la intervención de las autoridades competentes para evitar una nueva escalada del conflicto agrario en la zona