Los denunciantes lamentan la lentitud del Ministerio Público y piden celeridad en las investigaciones, así como un sumario administrativo contra los agentes. Piden se limpie el honor de los que fueron involucrados en supuesto hecho de abigeato.
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El primer denunciante es Ignacio Germán Verón, de la compañía Cerro León de Paraguarí. Según relató, fue detenido el 20 de febrero de 2023 en Sapucái por los suboficiales Reinaldo Santa Cruz y Herminio Verza, bajo sospecha de abigeato, mientras transportaba dos desmamantes en compañía de su hijo militar Patricio Verón y de su camarada Ever Pintos,
La investigación fue dirigida en ese momento por el fiscal Eladio Cohene. Verón fue liberado tras la declaración de la vendedora Erma Benítez, quien acreditó la legalidad de la transacción. Sin embargo, su nombre ya había sido difundido en medios como supuesto abigeo, lo que —afirma— le causó un “perjuicio incalculable”.
Cuando le fueron devueltos los dos terneros, se encontraban en condiciones deplorables, con pérdida de peso y deshidratación. En enero pasado intentó una mediación judicial con los agentes, pero estos no comparecieron. Posteriormente, presentó querella adhesiva y solicitó un sumario administrativo contra los suboficiales.
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Caso Durling: soborno y daño moral
El segundo denunciante es el suboficial jubilado Luis Enrique Durling Cáceres, de la compañía Isla de Ybytyimí, quien presentó su caso el 9 de febrero de 2025 ante la Fiscalía Regional de Paraguarí.
Relató que fue detenido junto a su hijo Yamilo Elías Durling Vera en el matadero municipal de Ybytyimí, pese a exhibir toda la documentación legal.
Aseguró que los agentes supuestamente intentaron extorsionarlo, exigiendo dinero a cambio de no exponerlos como supuestos abigeos en la prensa. “Solo tenía para darles para su combustible, pero el uniformado Santacruz no aceptó”, declaró.
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En el procedimiento también quedaron aprehendidos José Domingo Martínez, comprador de la carne, Richar Luis González, vendedor del animal, y el inspector municipal Jorge Ireneo Cáceres.
El fiscal de turno Gustavo Sosa dispuso su liberación al no encontrar elementos para imputarlos. Sin embargo, Durling denunció un grave daño moral, afirmando que su hijo emigró a España por temor a represalias. Además, hasta hoy desconoce el paradero de los 150 kilos de carne incautados, que debían serle devueltos.
Investigación en curso
Ambas causas se encuentran actualmente en la unidad fiscal de Milena Basualdo. La misma no pudo responder a la consulta porque estaba en audiencia y en comunicación con su asistente Daniel Vidaurre, informó que los policías ya fueron llamados a indagatoria. Sobre la carne incautada, señaló que el suboficial Santacruz habría incinerado por orden del fiscal Alfredo Ramos Manzur. Ante dicha situación ahora se va solicitar informe y que presente el suboficial la constancia escrita del documento referido.
En cuanto a la causa Verón, aseguró que “sigue en trámite” y que los afectados pueden acceder a sus expedientes para conocer su estado actual.