El cobro irregular de supuestas deudas reclamadas en juicios iniciados sin tener siquiera los pagarés a la vista y tramitados a espaldas de los demandados, es el común denominador de los juicios que fueron objeto de estudio en la investigación abierta con relación a la mafia de los pagarés.
Más de 5 mil personas han denunciado haber sido víctima del esquema criminal que salió a luz a fines del año pasado a raíz de una denuncia pública realizada por el abogado Jorge Rolón Luna en redes sociales, donde expuso el lujoso nivel de vida que ostentaban varios funcionarios judiciales, que contrastaban notoriamente con sus modestos salarios.
De la investigación abierta por el Ministerio Público con relación a varios juicios, los fiscales Jorge Arce, Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero presentaron acusación en contra de 61 acusados, entre los que se encuentran juezas, exjueces, actuarios, ujieres notificadores, oficiales de justicia y abogados de las empresas crediticias y de cobranza.
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Acusaciones en el caso mafia de los pagarés
Las acusaciones presentadas guardan relación con irregularidades detectadas en cuatro juzgados de Paz de la capital y que son el de San Roque, La Encarnación, La Recoleta y La Catedral, 2° turno.
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Tal como reveló el abogado denunciante, la Fiscalía constató que ujieres fraguaron notificaciones de demandas por el cobro de pagarés, con lo cual se dio vía libre a juicios tramitados a espaldas de los demandados, que se enteraban cuando les llegaba al embargo del salario.
La acusación presentada con relación al caso del juzgado de Paz de la Catedral, 2° turno, a cargo de la jueza Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, actualmente suspendida en sus funciones, revela que en 18 expedientes impulsados por el abogado José Ignacio Olmedo Lansac, en representación de la firma CARSA, se han dictado sentencias de remates.
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Mafia de pagarés: tras notificaciones ficticias, sentencias de remate
“Los 18 expedientes, a continuación, fueron informados como notificados las 18 resoluciones que dispusieron se tuvieran por reconocidas las firmas en los documentos y llevar adelante los juicios ejecutivos, por la ujier notificadora Mariam Ortiz, quien consignó que las diligencias practicó el 30 de agosto del 2024″, explica la acusación.
“La citada ujier consignó, en contra de la verdad, que se presentó en los domicilios de cada uno de los deudores, en una misma fecha”, afirma la Fiscalía. Las notificaciones, que no consignan horario, fueron supuestamente practicadas en direcciones ubicadas en Asunción, Fernando de la Mora, Paraguarí, Ybycui, Limpio, Areguá, Itapúa, Santa Rosa del Aguaray, Villa Elisa, Capiatá, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Coronel Oviedo, Encarnación, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso y Coronel Bogado, lo cual es de cumplimiento imposible.
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En algunos casos ni siquiera precisan el domicilio, sino mencionan simplemente “Fracción La Negrita” o “Costa Fleitas”, sin más datos.
“Vencido el plazo para oponer excepciones y ante la falta de presentación alguna por parte de los deudores demandados, lógicamente porque en la realidad no fueron notificados, la jueza Nathalia Garcete dictó 18 sentencias definitivas de remate, con números relativamente consecutivos, en fecha 11 de noviembre del 2024, pese a que la misma sabía que los demandados nunca fueron notificados ni se realizaron las intimaciones de pago ni ejecutaron los embargos, y así, con actos procesales con apariencia de legalidad, resolvió todo lo que la parte actora del proceso propuso, con total violación de los derechos de defensa de los 18 ciudadanos, sin que estos siquiera estuvieran en conocimiento de que habían sido demandados”, señala la acusación.