De los 66 procesados con relación al caso de la “mafia de los pagarés”, cuatro han optado por colaborar con la investigación y en consecuencia, han sido beneficiados con el pedido de suspensión condicional del procedimiento a cambio de donaciones y reglas de conducta a ser establecidas por el juzgado en su momento, mientras uno tiene pedido de sobreseimiento definitivo.
Por ejemplo, el funcionario judicial Nicolás Antonio Antúnez Tillería, quien trabajó como ujier en el juzgado de Paz de La Encarnación, a cargo de la jueza Carmen Analía Cibils Miñarro, reveló que cuando ingresó al juzgado la magistrada le convocó a una reunión, donde dejó en claro algunos puntos.
“Tuve una reunión con la jueza en el despacho y me comunicó que todos los abogados de las carteras grandes no iban a tratar conmigo y que iban a tratar directamente con ella y en esa misma reunión se me establece el porcentaje semanal que seria de 70% a 30%, me advirtió de que ella tenia todo el sistema controlado no solamente por la camara de circuito cerrado si no por el contacto directo que tenia con los abogados en relación a los pagos” (sic)“, dijo Antúnez.
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Abogada ni bajaba del auto para presentar escritos
El ujier comentó el “trato preferencial” que tenían algunos abogados, y citó el caso de la abogada Diana Molinas, representante de Global Enterprises Py SA.
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Según explicó, la abogada Molinas ni siquiera acudía al juzgado, pues “... yo mismo me tenía que bajar a recibir sus proyectos de cédulas en la calle, quien me entregaba desde su auto (...)”.
Además de Molinas, el funcionario mencionó que otros abogados que trataban con la jueza eran Angel Aníbal Cino Isnardi, por la empresa Nexo; José Manuel Fuster Castellano, por Bristol; Lourdes Rocio Aranda Benitez, Gabriel Dario Ojeda González, Gabriela Maria Vespa Centurión, Roger Medina y Leticia Nuñez.
Espionaje y pagos semanales
“Con relación a las sumas de dinero que recibía por las notificaciones, manifestó que “el pago semanal a la jueza quiero aclarar de que no importaba el monto que recibía en la semana por el trabajo era baja o alta, el porcentaje era lo mismo 70% para ella y 30% para mi. No me dejaba tener ningún trato con los actuarios por lo cual ese porcentaje que ella recibía la misma se encargaba de pagar la logística dentro del juzgado, es decir a los actuarios, dactilógrafos y practicantes” (sic)“, señala la presentación de la Fiscalía.
En su declaración, el ujier afirmó que la “La jueza sabía todo lo que pasaba en el juzgado porque tenía instalado un sistema de circuito cerrado con cámaras que contaban con micrófonos en todas las dependencias del juzgado”.
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G. 25 millones semanales para “cumplir” con la jueza
El acusado Arturo Ayala, quien también se desempeñó como ujier en el Juzgado de Paz de La Encarnación, hizo uso igualmente de su derecho de declarar, oportunidad en que contó que cuando se inició en el juzgado recibió instrucciones de parte de la jueza Analía Cibils de cómo sería el trabajo con los abogados de las grandes empresas de cobranzas.
“Tuve una reunión previa con la señora Analia Cibils, donde se estableció la forma de trabajo y el monto, donde me dijo que las grandes empresas tendrían costos diferenciados por los informes, y el monto que debía de entregarle a la misma semanal para empezar, el cual estaba a sujeto a aumento si ingresaba más empresas a litigar en el juzgado (...) las grandes empresas se le hacía el 20 a 30% por debajo de lo que establece la acordada”, indicó.
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Agregó que dichos abogados le “traían sus cédulas de notificaciones en block, recuerdo que Carsa me llegó a entregar 1.300 cédulas de notificaciones lo cual debía de entregar lo más rápido posible, en 2 a 3 días los informes”.
También declaró que ellos tenían “...objetivos que cumplir con la jueza Analia Cibils yo debía de entregar la suma de G. 25.000.000 semanales, lo cual le entregaba en efectivo los días viernes en su oficina (...) si no llegaba debía de pagar y lo hacía con retroactivo en la siguiente semana”.