El requerimiento conclusivo presentado por los agentes del Ministerio Público, Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, acusaron y solicitaron juicio oral y público para 2 jueces de Paz en funciones, 2 ex magistrados, 9 actuarios judiciales, 8 ujieres, 12 oficiales de justicia y también 28 abogados, en total son 61 personas que “torcieron el derecho” en el esquema denominado “mafia de los pagarés”.
Por otra parte, los fiscales solicitaron el sobreseimiento definitivo para un abogado y la suspensión condicional del procedimiento para cuatro operadores de justicia.
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En este sentido cabe señalar que son cuatro los juzgados de Paz investigados, el de “La Encarnación”, “La Catedral”, así como “La Recoleta” y “San Reoque”. En relación a estos dos último, la fiscala Belinda Bobadilla, no aparece como firmante de las acusaciones, pues había sido recusada por los investigadoes.
De acuerdo con los escritos presentados, ante los juzgados penales de garantías Especializados en Delitos Económicos de Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazú, los representantes legales de firmas de cobranzas promovieron acciones preparatorias, juicios ejecutivos y juicios ordinarios de cobro de guaraníes o reconocimiento de deudas.
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Dichos procedimientos conllevaron la producción de informes falsos de notificación, intimaciones de pago y embargos ejecutivos con el propósito de hacer prosperar los juicios, sin que los deudores demandados conozcan y puedan defenderse. Dichas maniobras a su vez, derivaron en la emisión de resoluciones judiciales contrarias a derecho, con el fin de beneficiar a los actores.
Acusados por el Juzgado de Paz de “La Encarnación”
En relación al juzgado de Paz del distrito de “La Encarnación”, está acusada la jueza Carmen Analía Cibils Miñarro (40), quien enfrenta cargo por los hechos punibles de uso de documentos públicos de contenido falso (art. 252 del Código Penal) y prevaricato (art. 305 del Código Penal), en ambos hechos como autora.
En tanto que por los ilícitos de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso (art. 250 del Código Penal), uso de documentos públicos de contenido falso y prevaricato, fueron acusados los actuarios judiciales Martina Elsa Rivela Santacruz (50) y Ricardo Ramón Cuevas (38).
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Por el ilícito de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, están acusados los oficiales de justicia: Fernando Iván Reyes Perez (30), Melissa Analía Talavera Talavera Bogado (29), Alicia Irene Ferreira Melgarejo (43), Héctor Manuel Noguera Florentín (53) y Stella Solans Lezcano Colmán (33).
Igualmente fueron acusados los abogados que actuaron como representantes de las casas de cobranzas: Ángel Anibal Cino Isnardi (58) (Nexo SA); Gabriela María Vespa Centurión (29) (Sistemas de Cobranzas SA); Jose Manuel Fuster Castellano (53) (Bristol SA); Gabriel Darío Ojeda González (45) (Credi Clave); Leticia Soledad Nuñez Cáceres (37) (Cumplo SA); Lourdes Rocío Aranda Benitez (55) (Aureus SA) y Diana Belén Molinas Macchi (33) (Global Enterprises Paraguay SA).
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Juzgado de Paz de “La Recoleta”
El hoy ex juez de Paz del distrito de “La Recoleta”, Víctor Nilo Rodríguez Acosta (45), también fue acusado por los hechos de uso de documentos públicos de contenido falso y prevaricato, en calidad de autoría. El mismo, tras iniciarse el proceso en su contra, presentó renuncia al cargo de magistrado y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en sesión ordinaria del 11 de junio de 2025 le aceptó la misma.
Los fiscales pidieron juicio para los abogados que actuaron en representación de firmas de cobranza ante este juzgado; se trata de Blas Antonio Rodriguez Galeano (55) (SATEC); Silvio Gustavo Miranda Barrios (46) (Credifiel SA); Robert Enrique Santacruz Oviedo (53) (Cooperativa San Cristóbal); Patricia Adriana Parodi (46) y Luis Carlos Benitez Torres (51) (ambos actuaron en conjunto en representación de la cooperativa San Cristóbal); y Sebastián Marcelo Benítez Porzio (33) (CARSA).
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La conducta de los mismos se encuadra como autores en el uso de documentos públicos de contenido falso y como instigadores de prevaricato.
Igualmente fueron acusados los ujieres notificadores: Fernando Caceres González (44) y Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg (33). Por otra parte, están acusados los actuarios judiciales Gloria Morínigo Gill (53) y Rosa del Pilar Lezcano Correa (47). Además, los oficiales de justicia Hugo Ignacio Lafuente (45) y Patricia Adriana Parodi Cantero (46).
Acusados del Juzgado de Paz de “La Catedral”
Igualmente fue acusada la jueza de Paz del distrito de “La Catedral” Segundo Turno, Nathalia Guadalupe Garcete Aquino (41), por los hechos punibles de uso de documentos públicos de contenido falso y prevaricato, en calidad de autora para ambos casos.
De la misma forma están incluidos, por sus presuntas actuaciones dentro del esquema de la “mafia de los pagarés” los ujieres notificadores Mariam Adelaida Ortíz Aquino (29), Alfredo Samudio (28) y Édgar Fabián Ayala Melo (28); así como los actuarios judiciales Olivia Asunción Mosqueda Núñez (44) y Pablo Cabrera Irigoitia (29).
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Así también fueron acusados los oficiales de justicia Lucio Renato Sosa Cáceres (33), Oscar Fernando Rivela Gregor (44) y Cristian Daniel Martinez Meaurio (33).
Por otra parte, los abogados que iniciaron las demandas en representación de las casas de cobranzas que están acusados son: Sun Yung Bang (47) (Plan Urbano SA); Carlos Neffa Persano (45) (Gestiones y Cobranzas SA); José Ignacio Olmedo Lansac (46), Juan Alberto Bogado (41) y César Rubén Bogarin Alen (54), estos ters último actuaron para CARSA, con el agregado de que Olmedo Lansac, además, es presidente de esa firma.
Involucrados del Juzgado de Paz de “San Roque”
Los agentes fiscales formularon acusación contra Liliana Gonzalez de Bristot (53), por los hechos punibles de uso de documentos públicos de contenido falso y prevaricato, en calidad de autora. La misma se desempeño como jueza de Paz del distrito de “San Roque”, hasta el 5 de marzo de 2025, cuando en sesión ordinaria la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó su renuncia al cargo.
Así también fueron acusados por los hechos punibles contra la prueba documental y prevaricato, el ujier notificador Heber Hernan Cardozo Areco (29); así como los actuarios judiciales Miguel Angel Rolon Recalde (36), Gloria Mariel Martinez Portillo (34) y Liz Mabel Ortiz Báez (36); al igual que los oficiales de justicia Héctor Manuel Noguera Florentín (52); Oscar Daniel Frutos Meza (35); Paola Laura Vargas Rodríguez (23).
También acusaron a varios abogados que impulsaron acciones preparatorias de juicios ejecutivos u ordinarios para el cobro de guaraníes, a personas que eran deudoras de las firmas a las cuales representaban.
Entre los profesionales del derecho se citan a: Cynthia Raquel Gaona Acuña (34) (Litoral Trading SRL); Carlos Agüero León (52) (LAB SA); Ángel Aníbal Cino Isnardi (58) (Nexo S.A.); Gerardo Stockel Duartel (61) (Nexo S.A.); Fátima Viola Ojeda González (37) (Mi Paraguay SA); Eliana Marcela Rodríguez Paredes, (33) (CARSA); Marta Martinessi Culzoni (69) (Chacomer SAE); Mario Gabriel Rojas Ayala (30) (cooperativa San Cristóbal); Pedro Adolfo Olmedo Cano (63) (Serfin SA) y Félix Oscar Gill Stumpfs (68) (de Cobranzas Eficientes y Oportunas SA).
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Pidieron salidas procesales para cinco
Por otra parte, los representantes del Ministerio Público solicitaron salidas procesales para otras cinco personas. Una de ellas el ujier notificador del Juzgado de Paz de “San Roque”, Líder Rodrigo Benegas Cristaldo, procesado por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y prevaricato, para quien pidieron la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento.
También pidieron la suspensión condicional del procedimiento para los ujieres que estaban asignados al Juzgado de Paz de “La Encarnación”, a cargo entonces de Carmen Analía Cibils Miñarro, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, Audrey Jazmín Galeano Mora y Alfredo René Benítez Cabrera.
Y por último, para el abogado Roger Alejandro Medina Quintana, se elevó el pedido de sobreseimiento definitivo. Según fuentes, el pedido obedece a que durante la investigación se pudo constatar que inició la demanda, pero se pudo descartar que haya usado notificaciones voladoras porque ya no intervino en los juicios, sino que lo hizo otra abogada.
En tanto que, sobre los ujieres notificadores el pedido de suspensión condicional se realiza porque habrían porque colaboraron con el Ministerio Público, en forma activa con datos en cuanto al esquema utilizado por los hoy acusados y los caules, con el transcurso de la pesquisa pudieron ser corroborados.