El Ministerio Público ha presentado acusación contra cuatro jueces de Paz, junto con 8 ujieres, 9 actuarios, 13 oficiales de Justicia y 27 abogados, por delitos como prevaricato y producción de documentos no auténticos, entre otros, en el marco de la “mafia de los pagarés”.
La fiscala Belinda Bobadilla señaló que con la acusación se sostiene que el esquema se valía del sistema judicial para realizar trámites procesales con la rapidez no habitual de los Juzgados de Paz, considerando los volúmenes de expedientes que estos manejan.
“Se ve una notable rapidez en el trámite de estos expedientes correspondientes a empresas de cobranza o a cuestiones relativas a juicios de carácter monetario. Esto era con el propósito de finalmente llegar a las etapas de cobro compulsivo de los salarios de las personas demandadas, sin que estas personas pudieran presentarse en estos juicios porque no tenían justamente conocimiento de ellos”, mencionó.
Indicó que los afectados no eran notificados de los actos procesales ni tampoco recibían las intimaciones del pago y la traba de embargo por parte de los oficiales de justicia, con el objetivo de favorecer a las empresas demandantes. “Esa era la teoría inicial. El Ministerio Público considera que se llegó a una convicción positiva mediante los elementos colectados”, subrayó.
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Situación extra descubierta
Bobadilla también informó que de la imputación inicial surgió una situación extra, relacionada con la cuestión económica. En ese sentido, resaltó como clave la colaboración de cuatro ujieres, a quienes la Fiscalía -en su acusación- solicitó suspensión condicional.
“Cuatro ujieres notificadores decidieron colaborar y brindar informaciones concretas, datos y aportar inclusive elementos de prueba que guardan relación a que justamente eran abonadas sumas de dinero correspondientes a la realización de estas notificaciones”, comentó.
Acotó que los pagos por las notificaciones eran muy inferiores a los montos establecidos por la Corte Suprema de Justicia como cobertura de gastos.
Informes de notificación debían ser entregados en días
Mencionó que el fin de estos pagos era que los ujieres realizaran los informes de notificación.
Además, indicó que los informes debían ser entregados dos o tres días después de recibidas las notificaciones.
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La agente del Ministerio Público, inclusive, indicó hallaron recibos y agendas que registraban las sumas de dinero percibidas por los ujieres, con fechas y montos detallados que evidencian la estructura de pagos.