La investigación realizada por los fiscales Jorge Arce, Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero sobre la actuación de la “mafia de los pagarés” abarcó el estudio de más 2.500 expedientes de cuatro juzgados de Paz de la capital, el de La Encarnación, Recoleta, San Roque y Catedral, 2° turno.
Se trata de expedientes correspondientes a demandas de acción preparatoria de juicio ejecutivo y juicios impulsados por empresas de cobranzas, en reclamo de sumas de dinero supuestamente impagas por sus deudores, que la Fiscalía constató que fueron tramitadas prácticamente a espaldas de las personas demandadas.
En los procedimientos de preparación de acciones ejecutivas, en cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas en los diversos expedientes, los ujieres debían notificar a los deudores a los efectos de comparecer a reconocer las firmas estampadas en los pagarés. Así también, los demandados debían ser intimados al pago por medio de los oficiales de justicia.
El “modus operandi” de la mafia de los pagarés
Posteriormente, una vez iniciado el juicio ejecutivo, los demandados debían ser notificados a fin de que se presentaran a oponer excepciones y luego debía disponerse el embargo ejecutivo de los bienes suficientes para cubrir el monto reclamado.
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“(...) sin embargo, estas notificaciones e intimaciones de pago, así como los mandamientos de embargo, no fueron diligenciadas por los ujieres y oficiales de justicia conforme a las constancias acreditadas por ellos en los documentos, lo cual era conocido y querido tanto por los abogados demandantes, actuarios y la jueza a cargo”, explica la acusación.
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El requerimiento conclusivo revela que lo mismo sucedía en los juicios ordinarios en los que se demandaba el cobro de sumas de dinero impagas, en los cuales, igualmente, se les corría traslado a los demandados para contestar las demandas en el plazo legal, pero los demandados no recibían dichas notificaciones.
Acto seguido, los abogados demandantes se presentaban en juicio y solicitaban la declaración de rebeldía, en una apariencia de cumplimiento formal de los preceptos legales, que en realidad eran tramitados a espaldas de los deudores demandados, señala la acusación.
Juicios eran tramitados a espaldas de los demandados
“El Ministerio Público sostiene que estas actuaciones guardaban solo la apariencia de legalidad pues, en la realidad, lo que sucedía, era que los deudores demandados no eran notificados de las actuaciones judiciales y todo el juicio era llevado a espaldas de los mismos. Para el efecto, los ujieres notificadores elaboraban informes de notificaciones y los oficiales, por su parte, informaban sobre la intimación de pago y ejecución de los mandamientos a ellos entregados, sin que las diligencias fueran efectuadas”, explica la acusación.
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Las intimaciones de pago y embargos ejecutivos eran también informado falsamente como realizados por los oficiales de justicia, consignando en muchos casos la misma fecha (e incluso hora) en lugares distantes unos de otros en los diversos expedientes pertenecientes a la misma empresa de cobranzas demandante por quienes habían sido contratados.
Jueces sabían de actuaciones irregulares, afirma Fiscalía
La Fiscaía sostiene que los jueces acusados actuaron con el conocimiento de que las notificaciones dirigidas a los demandados no eran diligenciadas realmente por los ujieres, que se limitaban a informar falsamente sobre ello.
“Además, dictaron resoluciones vulnerando el derecho a la defensa en juicio de toda persona, estatuida en el Art. 16 de la constitución nacional y violando las formas dispuestas para el caso particular señaladas en el art. 444 “Forma de la citación” del código procesal civil y 450 “Cantidad líquida” del mismo cuerpo legal", afirma la acusación.
“Todo ello fue con el conocimiento de que se apartaba de la ley, pero además, con la clara intención de favorecer a la parte actora en los juicios tramitados ante la misma, dado que el propósito era que éstas pudieran cobrar los montos de dineros reclamados, a través de los embargos ejecutivos, a deudores que por el motivo que fuera, no habían abonado sus deudas”, agrega el requerimiento fiscal, al referirse al “modus operandi” detectado.