En una conferencia de prensa este miércoles, los fiscales Jorge Arce, Belinda Bobadilla y Leonardo Guerrero comentaron sobre la presentación de una acusación formal contra jueces de Paz, abogados, actuarios, ujieres y oficiales de Justicia en el marco de la causa “Mafia de los pagarés”.
El Ministerio Público acusó hoy formalmente y pidió juicio oral para los jueces de Paz Nathalia Guadalupe Garcete y Carmen Analía Cibils, los exjueces Víctor Nilo Rodríguez y Liliana González de Bristot, ocho ujieres, nueve actuarios, 13 oficiales de Justicia y 27 abogados por presunto prevaricato, producción de documentos no auténticos y otros hechos punibles.
Según la acusación de la Fiscalía, entre los años 2022 y 2024, empresas de cobranzas promovieron demandas de acción preparatoria y juicios ejecutivos con pagarés sin indicación del beneficiario.
Modus operandi
En los procedimientos de preparación de acciones ejecutivas de ese tipo se requiere que ujieres notifiquen a los deudores para que estos comparezcan a reconocer las firmas estampadas en los pagarés; así también, los demandados debían ser intimados al pago por medio de los oficiales de justicia.
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Más adelante, dentro del juicio ejecutivo propiamente, los deudores debían ser notificados a fin de que se presentaran a oponer excepciones; y luego debía disponerse el embargo ejecutivo de los bienes suficientes para cubrir el monto reclamado.
Sin embargo, esas notificaciones e intimaciones de pago, así como los mandamientos de embargo, no eran diligenciadas por los ujieres y oficiales de justicia, y los magistrados manifestaban falsamente en sus resoluciones que los deudores fueron notificados y que éstos no comparecieron a reconocer sus firmas para así justificar la realización de juicios ejecutivos y, eventualmente, el embargo de salarios de los deudores.
“Mecanismo previamente planeado”
“Pudimos ver que estos jueces tenían participación en conocimiento de estas irregularidades, pudimos notar que estaban en conocimiento de la no tramitación de estas notificaciones o de otras actuaciones del proceso”, comentaron los fiscales durante la conferencia de prensa.
Explicaron que, a partir de que entraba una causa civil, empezaba inmediatamente el mecanismo de las empresas cobradoras que promovían las acciones de preparación de juicios ejecutivos, que eran impulsadas “sin base o título ejecutable”.
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“Las primeras providencias que salían debían ser puestas a conocimiento de los demandados y no llegaban a destino”, indicaron. “Entendemos que existía ese mecanismo previamente planeado para llevar adelante el descuento judicial de los salarios”.
Juicio oral sería “bastante extendido”
Un detalle que resaltaron es que los ujieres cobraban cifras muy inferiores a lo establecido en una acordada que detalla los montos que esos deben cobrar en concepto de “gastos de cobertura” según las distancias que viajen para realizar notificaciones, lo que les reportaba una ganancia importante – que presuntamente era compartida con los magistrados – teniendo en cuenta la cantidad de casos y el hecho de que los desplazamientos no se habrían realizado.
Los fiscales señalaron también que hay indicios de que ujieres recibían “paquetes” de cédulas de notificaciones que “formalizaban” imprimiéndoles sus firmas y sellos a pesar de que, de nuevo, esas notificaciones nunca habrían sido comunicadas a los supuestos deudores.
Los fiscales advirtieron que el juicio oral, si avanza, podría ser “bastante extendido” teniendo en cuenta la cantidad de expedientes que obran en el fundamento de la acusación, más de 500 en total, y la saturación que afecta al Poder Judicial.