Hoy se cumplen cinco meses de que los hermanos del fiscal Marcelo Pecci Albertini recurrieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para poder acceder a la carpeta fiscal abierta para determinar la autoría moral del magnicidio, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Barú, Colombia, en plena luna de miel con su esposa, Claudia Aguilera.
Sin embargo, la penosa espera de Francisco y Gabriela Pecci Albertini ya tiene más de un año, pues la petición formal se presentó ante el Ministerio Público el 28 de junio de 2024, precisamente ante las respuestas evasivas de los agentes encargados de la investigación de esta arista del caso.
A través de una resolución dictada el 29 de julio de 2024 por el equipo fiscal conformado por Christian Ortiz, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y la adjunta Matilde Moreno, el Ministerio Público rechazó la solicitud de los hermanos Pecci.
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Ante la negativa de la Fiscalía de transparentar su trabajo investigativo, bajo patrocinio del abogado Alfredo Enrique Kronawetter, los hermanos de Marcelo recurrieron a la Justicia.
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Tras contienda de competencia, juez rechazó pedido de hermanos de Pecci
Sin embargo, la respuesta del Poder Judicial deja mucho que desear hasta la fecha. El primer obstáculo con que se encontraron los hermanos de Marcelo fue una contienda de competencia entre jueces para atender el caso y fue la sala penal de la Corte Suprema de Justicia la que tuvo que resolver qué juzgado se encargaría de resolver la cuestión.
El 30 de diciembre de 2024, a través del auto interlocutorio (AI) N° 709, el juez penal de garantías Yoan Paul López rechazó la autorización judicial de participar y acceder a la información sobre la causa N° 9088/2023 “Persona innominada sobre homicidio doloso”.
Esta decisión fue recurrida por los afectados y ratificada por el AI N° 72 del 3 de abril pasado, dictado por el Tribunal de Apelación, tercera sala, en mayoría. Los magistrados Delio Vera Navarro y Agustín Lovera Cañete votaron por la confirmación de la resolución de López, mientras que Cristóbal Sánchez votó en disidencia, es decir, por hacer lugar a la petición de los Pecci.
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“Los magistrados de primer grado y la mayoría de segundo grado socavaron las bases republicanas de un estado social de derecho al negar y desconocer derechos -aplican, strictu sensu, los artículos 131, 132, 259.5 y 260 de la CRP en concordancia con el artículo 556 y siguientes del Código Procesal Civil- que asisten a mis representados en calidad de víctimas, pese a que se trata de derechos indubitables de una coherente y sistematizada aplicación de los artículos 1, 16, 45, 47, 137, 256 Y 268.1 de la Constitución Nacional; 8.1 Y 25 de la ley N° 1/89 ‘Pacto de San José de Costa Rica‘; y, 10, 67, 68 y demás concordantes del Código Procesal Penal”, afirma la acción.
Integración de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia
La sala constitucional que resolverá la acción está integrada por los ministros César Diesel Junghanns, Víctor Ríos Ojeda y Alberto Martínez Simón, quien reemplaza a su colega Gustavo Santander Dans. Este último se apartó del caso por haber integrado la sala penal que resolvió la contienda de competencia que se suscitó en esta causa.
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Ahora, la causa sigue en estudio de admisión de la acción a través de la cual los hermanos de Pecci buscan conocer cuáles son los actos investigativos realizados para poder finalizar la investigación iniciada en Colombia y que al decir del exfiscal general de aquel país, Francisco Barboza Delgado, corresponde al Paraguay debido a que la orden de la ejecución salió de aquí.
Recordemos que la justicia colombiana ha procesado y condenado a los autores materiales y sus cómplices, entre ellos Francisco Correa Galeano (asesinado en enero pasado en una cárcel colombiana), señalado de ser el cerebro del crimen y también un testigo clave, ya que al cooperar con la Fiscalía colombiana logró obtener una reducción de pena e identificar a otros miembros del grupo criminal.
Cabe destacar que también la viuda de Pecci, la periodista Claudia Aguilera, solicitó la misma solicitud a través de la abogada Cecilia Pérez Rivas y tampoco pudo acceder a la carpeta fiscal.
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Las interrogantes de los hermanos Marcelo Pecci
En su presentación, el abogado Kronawetter detalla las interrogantes de sus representados que siguen sin respuesta por parte de los investigadores y que son las siguientes:
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- “Acceso a información específica sobre las pesquisas realizadas y una evaluación preliminar sobre el progreso hacia una teoría del caso”;
- ¿Cuáles son las hipótesis trazadas sobre la teoría del caso a la luz de lo investigado?
- ¿Qué se pretende conocer al respecto a las diligencias pendientes?
- ¿Cuáles son los motivos por los cuales las diligencias están pendientes de realización, señalando los obstáculos para el avance y el modo en que se puedan superar las dificultades? El tiempo estimado para que las evidencias y elementos colectados les permitan sostener razonablemente una línea o líneas sobre la teoría del caso.
- Contar con un respaldo documental de lo actuado por la Fiscalía, de modo a que se pueda adoptar un temperamento procesal sobre dicha información, con la expresa obligación que se asume de mantener estricta reserva sobre el tenor de dicha información”.