La investigación contra el exviceministro de Educación Superior, Nelson Federico Mora, dio un giro con el pedido de desestimación presentado por la agente fiscal Gladys Jiménez. La denuncia había sido formulada en mayo de este año por un hecho ocurrido en Semana Santa en Guairá, y derivó en la destitución inmediata del funcionario.
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En su requerimiento, la fiscal da por válido el relato de la adolescente denunciante, quien describió detalladamente cómo el exviceministro cometió actos de índole sexual en su presencia.
No obstante, la justificación del Ministerio Público se centra en que Mora se encontraba en estado etílico e inconsciente, por lo que sus actos no habrían tenido como destinataria a la víctima.
El escrito señala que, en esas condiciones, la conducta no reúne los presupuestos de punibilidad previstos en el artículo 135a del Código Penal Paraguayo, que tipifica el abuso sexual en niños.
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Habría irregularidades en la causa
Durante casi cinco meses de investigación, la causa no avanzó hacia una imputación, lo que había generado reclamos de la parte querellante. El abogado Óscar Tuma, representante de la familia denunciante, cuestionó en reiteradas ocasiones la falta de acceso a la carpeta fiscal y la ausencia de mayores diligencias procesales.
Entre las actuaciones registradas en el expediente figuran las declaraciones de la presunta víctima, pero no se consignaron otros avances relevantes, de acuerdo con la información conocida hasta ahora.
La denuncia se presentó inicialmente en Asunción, aunque posteriormente fue remitida a la Fiscalía de Villarrica por cuestiones de competencia territorial.
El caso adquirió notoriedad pública debido a la condición de Mora como viceministro de Educación Superior y miembro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Su destitución fue dispuesta de inmediato por el entonces presidente en ejercicio, Pedro Alliana, apenas trascendió la denuncia.
La Fiscalía mantuvo la investigación bajo reserva en todo momento, argumentando la necesidad de proteger la identidad y los derechos de la presunta víctima menor de edad.
La decisión de solicitar la desestimación se conoció esta semana, en un contexto en que la querella insistía en la necesidad de una imputación, alegando la existencia de elementos suficientes para avanzar en el proceso penal.
Ahora, el juez penal de garantías de Villarrica, Juan Antonio Ruíz Díaz Gamba, deberá resolver si hace lugar a la solicitud del Ministerio Público o si da curso a un trámite de oposición.
Abogado pide investigar a la fiscal
El abogado Óscar Tuma sostuvo que la fiscal Gladys Jiménez no está actuando correctamente. En ese sentido, exigió la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para investigar su conducta.
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Según detalló, la madre de la menor nunca fue convocada a declarar, la psicóloga tratante no fue escuchada y los abuelos maternos tampoco fueron llamados.
A pesar de estas omisiones, la fiscal solicitó el desestimiento de la causa. Lo más contradictorio y preocupante, según el abogado, es que en su propio escrito reconoce que el hecho existió, aunque intenta relativizarlo señalando que “no ocurrió en la forma denunciada”.
Tuma sostiene que esta postura es inadmisible y constituye una violación al interés superior del niño, protegido por el artículo 54 de la Constitución Nacional, la Ley 1680/01 y la Convención sobre los Derechos del Niño.