El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, rechazó este martes la medida cautelar planteada en septiembre de 2024 por el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) por la que pretendía suspender los efectos del informe de la Contraloría General de la República (CGR), sobre el uso de los bonos G8 y G9. El citado documento, que había confirmado el desvío de G. 500.000 millones en bonos que eran para obras, fue la base del pedido de intervención a su gestión, que concluyó con la renuncia de Rodríguez el 22 de agosto pasado.
Las magistradas Stella Maris Zárate, María Celeste Jara y Elizabeth Fernández Cattebeke declararon improcedente la intención de anular las observaciones y conclusiones del informe. Para el Tribunal, el proceso carecía de validez, dado que el objeto de la demanda no era una resolución administrativa que afecte derechos preestablecidos.
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Entre los argumentos que planteó la administración de Rodríguez se señalaba un supuesto “grave perjuicio patrimonial“ contra la institución. La comuna planteaba que el informe de la CGR, al hacer referencia a la existencia de ”gastos no justificados" desalentaba “a los contribuyentes para el pago de los tributos“. Además, alegaron un supuesto daño a la imagen institucional, atribuyendo al informe una "mala campaña publicitaria contra el fisco municipal".
La comuna además planteaba la urgencia de la medida, alegando que el supuesto daño a “la imagen institucional(...) puede tener duración indefinida“, sobre todo, luego de ”haberse remitido Ministerio Público“. El Tribunal, sin embargo, se acogió al argumento de la CGR, que planteó una excepción de falta de acción y determinó que no existía una acción judicial válida que pudiera ser objeto de un juicio.
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Argumentos “tragicómicos”, dice abogado
El abogado Ezequiel Santagada calificó de “tragicómicos” los argumentos de la administración municipal. “Resulta insólito es que la Municipalidad haya demandado a la Contraloría para que se suspendan los efectos del examen. Hacer observaciones sobre el uso de recursos de instituciones del Estado, y si considera, hacer la correspondiente denuncia penal, es una función esencial de la Contraloría", remarcó.
El abogado señaló que no se puede responsabilizar a un informe de los efectos negativos en la imagen de la institución ocasionados por la mala gestión de la comuna. “La gente eventualmente no quiere pagar, uno porque no tendrá plata, y dos porque está claro que se la habrían robado toda. Esos son hechos punibles que están siendo investigados y que involucran las ex autoridades de la Municipalidad”, agregó.
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Santagada celebró que el Tribunal haya hecho lugar al planteamiento de la CGR al señalar que “no hay acción, porque no se está atacando ningún acto administrativo”, sino “observaciones del organismo contralor en ejercicio de su función constitucional y legal”.
“Lo que estaban pretendiendo es que haya una resolución judicial que suspenda o deje sin efecto esas observaciones para que ellos puedan decir que lo que hizo la Contraloría no tiene fundamento alguno, y salgan a mentir diciendo que todo se hizo conforme a derecho. Inaudito”, remarcó.
Sospechosos mensajes
El 3 de julio de 2024, dos días después de que la Contraloría diera a conocer el lapidario informe contra la gestión de Nenecho, Óscar Rodríguez Kennedy, padre del exintendente, había enviado un llamativo mensaje por error a un grupo de WhatsApp. En él, Rodríguez Kennedy, entonces camarista, decía: “Infinitas gracias. Ese dictamen no es vinculante. Ya hace 10 días acudimos al Tribunal de Cuentas Segunda Sala. Hoy planteamos el incidente de prejudicialidad”.
Desde el Poder Judicial habían confirmado entonces que días antes, la Segunda Sala había admitido el ingreso de un proceso entablado por la Municipalidad, con la que Rodríguez habría intentado escudarse para no entregar informes a la CGR, bajo el argumento de que los documentos ya obraban en el Tribunal de Cuentas.
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Las sospechas habían aumentado atendiendo a los vínculos de los integrantes del tribunal con el sector político del exintendente. Edward Vittone Rojas, exasesor jurídico de la Municipalidad y esposo de Myriam Paredes, entonces directora de Contraloría Interna de la gestión de Rodríguez, decidió inhibirse.
El Tribunal estaba integrado además por César Diesel Marín -hijo del ministro de la Corte Suprema de Justicia César Diesel-, quien se apartó del caso, y por Celeste Jara Talavera -prima del expresidente Horacio Cartes-, quien no se apartó.
Intervención y renuncia de Nenecho
Finalmente la intervención a su gestión se dio este año y Óscar “Nenecho” Rodríguez presentó su renuncia el viernes 22 de agosto, minutos antes de la presentación del contundente informe final del interventor Carlos Pereira, y ante lo inminente de su destitución, anunciado por su propio movimiento, el cartismo. “Nenecho” enfrenta ahora, por lo menos 8 procesos judiciales, incluyendo una acusación formal por lesión de confianza y asociación criminal en el caso de los “detergentes de oro”.
El informe de Pereira confirma que mediante “terribles prácticas ilegales”, como el uso de una “cuenta única”, se desviaron en total G. 512.000 millones de bonos que eran para obras. El dinero se despilfarró en salarios y otros gastos corrientes, incluida la compra de lomito para los funcionarios. A su salida, Rodríguez presentó una burlesca declaración jurada con un incremento patrimonial de apenas G. 141 millones, en casi 4 años de gestión.
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Del informe se desprenden elementos que apuntan a la utilización de recursos, materiales y humanos de la comuna para apoyar la campaña electoral de la esposa del exintendente, Lizarella Valiente, quien en 2023 llegó por primera vez al Senado. Eso incluiría la refacción de su Puesto de Comando, el uso de vehículos municipales y gastos de propaganda, según denuncias que recibió el concejal Pablo Callizo (PPQ).
En el informe también se señala el despilfarro del dinero de los bonos a través de transferencias de “caja chica” a integrantes del entorno del exintendente, con un sospechoso aumento en coincidencia con épocas electorales. También hay pruebas de una operativa para “descongelar” una deuda y liberar G. 16.000 millones, también en pleno proceso electoral.