Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), ex intendente de Asunción, cuya gestión desvió G. 512.000 millones (US$ 71,6 millones) de los bonos G8, contó con el aval de María Isabel Cappello Bernal, jefa de Ejecución Presupuestaria de la gestión de Rodríguez y hermana del secretario privado de Santiago Peña y concejal con permiso, Jorge “Turi” Cappello. Los datos se desprenden del informe final del interventor, Carlos Pereira.
Como alta funcionaria de la gestión de Rodríguez, Cappello avaló con su firma la utilización, entre 2022 y 2023, de G.124.243 millones (US$ 17,3 millones) de la cuenta bancaria de los G8, para el pago de servicios “no personales”. La cifra representa una cuarta parte del total del dinero desviado, según el informe final del interventor.
Pereira documentó que solo en 2022, con el aval de Cappello, Rodríguez utilizó G. 16.782 millones(US$ 2,3 millones), lo que equivale casi al 11% del total ejecutado con fondos provenientes de G8. Con este dinero, Nenecho pagó servicios de tratamiento de residuos, alquileres, seguros, energía eléctrica y hasta pasajes aéreos.
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En tanto, en 2023, el monto desviado creció hasta G. 107.460 millones (US$ 15 millones). La mayor parte del dinero, G. 94.968 millones (US$ 13,2 millones), fue al pago de préstamo por déficit temporal de caja. El resto se distribuyó en servicios como limpieza, alquiler de maquinarias, entre otros.
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El interventor señaló en su informe que la utilización de estos recursos, provenientes de los bonos, para gastos corrientes, fue “ilegal y perjudicial para los intereses municipales”, además de violatorios de los “principios de legalidad, transparencia, responsabilidad administrativa y presupuestaria".
Recolección y alquileres
Entre los documentos que forman parte del informe del interventor, Carlos Pereira, aparecen varios pagos que cuentan con el aval de María Isabel Cappello. Los más notorios tienen que ver con la recolección de residuos y el pago de alquileres.
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Con el aval por escrito de la Cappello,la gestión de Rodríguez pagó en concepto de servicios de gestión de residuos al Consorcio de Gestión Integral de Residuos (GIRSA), el 25 de mayo de 2023, por G. 538 millones.
La firma de Cappello aparece también en documentos relacionados con el pago de alquileres, entre febrero y abril de 2023, por un total de más de G. 22 millones, entre otros gastos.
Desvío y obras
El proceso de intervención de la Municipalidad de Asunción, a cargo de Carlos Pereira, reportó el desvío de G. 512.000 millones del dinero de los bonos G8, emitidos en 2022 por G. 360.000 millones para la construcción de 8 desagües pluviales, sino serios atrasos en la ejecución de los apenas 4 proyectos que inició, pero no concluyó.
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Solo con los G.124.243 millones, cuyo desvío a “servicios no personales” fue documentado por el interventor, se pudo haber pagado de sobra los G. 114.694 millones que cuestan las cuencas de General Santos/San Antonio y Santo Domingo. Estos proyectos cuentan con un avance de entre el 2% y el 3% según el informe técnico de la intervención.
Además, con el mismo dinero podría haberse financiado más del 90% de las obras de desagüe pluvial de las cuencas de Abasto y San Pablo, cuyos avances, pese a haberse iniciado ya en 2024 luego de que ABC denunciara el desvío de los bonos, reportan avances de apenas entre el 30% y el 35%.
La renuncia
Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien asumió como intendente en diciembre de 2019, tras la renuncia de Mario Ferreiro y fue electo en 2021, presentó renuncia al cargo el 22 de agosto, presionado por su inminente destitución y ante la presentación de un contundente informe de la intervención a su gestión.
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El informe final del interventor, Carlos Pereira, confirmó el desvío de G. 512.000 millones provenientes de bonos para obras, que fueron usados en gastos corrientes. La Contraloría General de la República había solicitado la intervención tras confirmar el desvío, denunciado por ABC en 2024.
La gestión de Rodríguez tiene siete procesos en su contra, entre ellos, uno por compras irregulares en pandemia y una investigación abierta por el desvío de los bonos.
Tras la finalización del proceso, el interventor, Carlos Pereira, denunció amenazas, presumiblemente del propio ex intendente. La senadora Lizarella Valiente, reconoció públicamente la veracidad de los mensajes, pero negó que sean intimidatorios.