Julio “Bollo” González (ANR-cartista), quien fuera secretario privado del exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), inició en 2017, en representación de la Municipalidad de Asunción, un juicio ejecutivo por US$ 65 millones, en contra de la Financiera Urundey S.A., declarada en quiebra en agosto de 1996. La causa se trataría de una posible “maniobra para generar honorarios profesionales que luego serían cobrados al Municipio”, sugiere el interventor, Carlos Pereira.
Según consta en su informe final, “Bollo” González, junto al abogado Juan Carlos Ramírez Montalbetti, iniciaron el “pasmoso” reclamo 21 años después de la quiebra de la entidad. El interventor agregó que, pese a las consultas que hizo al respecto a la Dirección de Asuntos Jurídicos, el caso “nunca se informó a esta Intervención, ni se dio a conocer a la opinión pública”.
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Pereira confirmó además que, pese al volumen del monto requerido en cobro, según datos que constan en el sistema del Poder Judicial " el juicio no pasó de las primeras diligencias, y no existe constancia de embargos efectivamente trabados, montos cobrados por la comuna, ni otros detalles sobre algún resultado a favor de la Municipalidad de Asunción".
El informe agrega la necesidad de una “auditoría procesal e histórica procesal más profunda del juicio y de la documentación obrante en la Municipalidad de Asunción para esclarecer si efectivamente la Quiebra de Urundey S.A. sigue teniendo inmuebles registrados a nombre de la misma sobre los que recaigan créditos impositivos municipales” y considera muy poco probable que estos alcancen los “US$ 65 millones en estado de Quiebra desde 1996”.
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¿Quién es “Bollo” González?
Julio Rolando “Bollo” González Giménez (ANR-cartista) es funcionario municipal desde el año 2005, según los registros de la Municipalidad de Asunción. Al menos hasta marzo de 2020, ocupó el cargo de jefe de departamento en la Dirección de Asuntos Jurídicos. Desde enero de 2021, “Bollo” fue trasladado a la Intendencia Municipal, primero como “técnico” para luego obtener el rango de “director” de la Secretaría Privada de la Intendencia, con un sueldo de casi G. 19 millones, que mantuvo hasta la intervención, que lo apartó temporalmente del cargo.
En octubre de 2023, “Bollo” juró como diputado suplente de Yamil Esgaib, a quien sustituyó por un mes, para luego volver a su cargo en la comuna. En su juramento estuvo Nenecho, quien le dedicó un posteo en sus redes sociales:“¡Felicidades, hermano! Julio ‘Bollo González, por asumir este desafío (...) los que te conocemos sabemos de tu compromiso con el servicio público, que siempre estás para toda la gente" y compartió fotografías de ambos con al presidente de Diputados, Raúl Latorre.
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“Bollo” fue uno de los acusados, junto a Enrique García, excontralor y exdirector de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Asunción, por producción de documentos no auténticos en el caso Ivesur, en que se estimó un daño patrimonial de G. 18.975 millones.
En ese caso, González Giménez fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento a cambio de admitir la culpa y mediante pago de una multa de G. 36 millones, entre otras medidas que le impuso.
Graves hallazgos judicializados
En su informe final, Carlos Pereira llamó la atención sobre la existencia de 53.280 juicios de cobranza, por más de US$ 109 millones, en los cuales la Municipalidad se encuentra en calidad de parte y señaló que ese dato “asusta por el impacto del número potencialmente en alto riesgo patrimonial”.
Pereira aseveró que el alto número refleja el “fracaso del sistema tradicional de gestión de las cobranzas” de la Municipalidad de Asunción y que quienes quieran oponerse a la necesidad urgente de reformas, “podría pensarse que tienen intereses no necesariamente alineados con los de la Municipalidad de Asunción”.
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El informe centra su atención sobre 8 “graves hallazgos judicializados”, entre los que aparece, además del juicio contra la Financiera Urundey S.A., el caso de las tierras municipales cedidas en uso al Centro de Acción Social Universitaria (CASU) y que, según denuncian concejales cartistas, fue “regalado” por inacción de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Al respecto, el interventor menciona que “existe una hipótesis (...)de que se habría promovido en el pasado una acción autónoma de nulidad en representación de la Municipalidad, y que pudo haberse operado algún tipo de prescripción a tenor del absoluto silencio y falta de colaboración institucional”. Los 8 casos, entre los que aparecen al menos dos juicios contra el Instituto de Previsión Social, suman un monto total de G. 653.476 millones, más de US$ 91,4 millones al tipo de cambio de hoy.
Otros hallazgos
La intervención de la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez detectó una alta concentración de expedientes judiciales en manos de un pequeño grupo de abogados y funcionarios. Uno de los casos más llamativos es el de Deisy Yohana Balbuena Prieto, funcionaria y abogada de la Municipalidad que fue puesta bajo el escrutinio por llevar casos por G. 45.000 millones.
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Según registros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), su título fue “emitido” entre 2018 y 2019, por la Universidad Sudamericana, institución que en octubre de 2023 declaró, a través de su abogado Hermann Weisensse, que la carrera de Derecho solo funcionó entre 2010 y 2015.
La intervención reportó además “terribles prácticas ilegales” en la grosera gestión de Rodríguez con el desvío de G. 512.000 millones de los bonos para obras que se utilizaron para pagar gastos corrientes.
La gestión del exintendente tiene ocho procesos en su contra, entre ellos uno por compras irregulares en pandemia, por la que Rodríguez está imputado, junto a otras 20 personas, por lesión de confianza y asociación criminal. A instancias de la Contraloría General de la República (CGR), que en julio del año pasado confirmó el desvío de los bonos, denunciado por ABC, la Fiscalía también inició una investigación que sigue abierta.