El exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), infló hasta en 135% el costo de adjudicación de los pocos desagües cloacales que inició, de los 8 prometidos con el dinero de los bonos G8. El resultado fue un incremento de más de US$ 8 millones en referencia a lo previsto en el Plan de Inversión que la Junta Municipal autorizó para dicha emisión en 2022.
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De los G. 360.000 millones que correspondían a los G8, la Junta había autorizado que G. 192.000 millones (US$ 26,6 millones) sean utilizados para la construcción de los proyectos en las cuencas de Abasto, San Pablo, General Santos- San Antonio y Santo Domingo. Sin embargo, a la hora de adjudicar estas obras, los montos treparon hasta G. 250.865 millones (US$ 34,8 millones). El monto representa el compromiso de casi el 70% de toda la emisión, faltando todavía la mitad de los proyectos.
Los datos constan en el informe del interventor, Carlos Pereira, quien advirtió que en el proceso de adjudicación de las obras “hubo una incorrecta determinación de los precios referenciales”, lo que indujo a “posibles vicios en el proceso de contratación e ineficiencia en el gasto público”.
Gestión de Nenecho: hasta 183% de aumento en precios de referencia
Solo en la licitación para la construcción del desagüe pluvial de General Santos- San Antonio, obra que arrancó este año, de los G. 18.000 millones que fueron previstos en el Plan de Inversión, el precio referencial escaló hasta G. 50.966 millones (183% más), para finalmente terminar en una adjudicación de G. 42.305 millones.
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En la cuenca de Santo Domingo, la autorización de la Junta era por G. 50.000 millones, pero el precio referencial establecido por la gestión de Rodríguez fue de G. 89.031 millones (78% más), para finalmente ser adjudicado por G. 72.389 millones.
Pereira reveló que la gestión de Rodríguez pagó G. 63.719 millones a los contratistas adjudicados por estas obras, con avances desde solo 2% hasta 35%. “Debió encontrarse disponible en la cuenta habilitada(...) G. 296.280 millones. Sin embargo, al inicio de la intervención, dicha cuenta arrojó un saldo de G. 23 millones, según el informe.
Endeudamiento perjudicial a Comuna de Asunción<b> </b>
En el informe, Pereira señala que la forma en la que se dio la emisión de los bonos G8, en dos series, de G. 180.000 millones, resultó en un perjuicio para las finanzas de la comuna.
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El interventor dice que ya la primera serie podría haber financiado la mayor parte de las obras de Abasto y San Pablo, autorizadas en diciembre de 2022, pero iniciada recién en 2024, luego de la denuncia de ABC sobre el desvío de los bonos.
“Se evidencia que ha sido totalmente innecesaria la emisión de la Serie 2 (...), ya que el siguiente llamado (para las cuencas Santo Domingo y General Santos) ha sido aprobado casi un año y medio después”. Pereira agrega que se incurrió en un “pago innecesario de intereses, que a junio 2025 ascendieron a G. 75.617 millones.
Errores de proyectos, causa del retraso
Entre los documentos que acompañan el informe final de la intervención de la comuna capitalina aparece el informe técnico, realizado por el ingeniero Julio Riquelme, de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), a solicitud del interventor, Carlos Pereira.
En el se citan los principales problemas encontrados en una verificación in situ de los 4 desagües pluviales iniciados por la gestión Rodríguez, de los 8 prometidos con el dinero de los bonos G8. El informe señala retrasos constantes en el cronograma de ejecución en todas ellas, con fotografías que constatan la falta de avances. Entre las causales, aparecen las “lluvias constantes, inconvenientes no previstos en el proyecto original, y problemas propios de la naturaleza de las obras”.
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Se cita también la descarga de efluentes cloacales directamente a la calle o a la red pluvial, así como cañerías de agua corriente conectadas al sistema pluvial existente. Además, se cita la presencia de columnas de energía eléctrica y de media tensión que obstaculizan las excavaciones.
Uno de los inconvenientes más notorios es la falta de coordinación entre las instituciones del Estado, como ESSAP y la ANDE, para la provisión de datos y remisión de proyectos. También se citan problemas sociales, como la resistencia de los vecinos y la necesidad de reubicación de viviendas.
Intervención, renuncia y amenazas
Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien asumió como intendente en diciembre de 2019, tras la renuncia de Mario Ferreiro y fue electo en 2021, presentó renuncia al cargo el 22 de agosto, presionado por su inminente destitución y ante la presentación de un contundente informe de la intervención a su gestión.
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El informe final del interventor, Carlos Pereira, confirmó el desvío de G. 512.000 millones provenientes de bonos para obras, que fueron usados en gastos corrientes. La Contraloría General de la República había solicitado la intervención tras confirmar el desvío, denunciado por ABC en 2024.
La gestión de Rodríguez tiene siete procesos en su contra, entre ellos, uno por compras irregulares en pandemia y una investigación abierta por el desvío de los bonos.
El interventor, Carlos Pereira, denunció amenazas, presumiblemente del propio ex intendente.
