El exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), pagó el 20 de abril de 2023, 10 días antes de las elecciones generales de ese año, G. 429 millones con dinero de los bonos G8, por becas para funcionarios y familiares de estos, en la Universidad Metropolitana de Asunción, propiedad del concejal Juan José Arnold (ANR-FR) y de su familia.
La irregular utilización de esa fuente para el desembolso, parte del desvío de G. 512.000 millones de la cuenta de los bonos G8, motivo de la intervención de la gestión del exintendente, se dio en el marco de un convenio entre la institución educativa y la Municipalidad, vigente desde 2015, por el que la comuna pagó en total G. 13.448 millones, según consta en el informe del interventor, Carlos Pereira.
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La fiscalización de la gestión de Rodríguez documentó además serias inconsistencias en la aplicación del acuerdo, entre ellas, una absoluta falta de control del cumplimiento del convenio por parte de la universidad.
Solo en la última factura, fechada el 20 de mayo y pendiente de pago al cierre del informe, Pereira detectó que de los G. 748 millones que solicitó en pago la universidad, por 378 becarios, 111 cupos estaban vacantes, lo que significa que el monto a pagar debía ser, a lo sumo G. 528 millones -G. 220 millones menos -. En el informe consta que este hecho fue admitido por la propia universidad, por nota, el 7 de abril de este año.
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Sospechosa anulación del convenio
El 20 de agosto, apenas dos días antes de la presentación del informe del interventor, la Junta Municipal apuró, sospechosamente, la anulación del convenio entre la Municipalidad y la universidad.
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En la sesión ordinaria de esa fecha, los concejales argumentaron el conflicto de intereses de su colega, quien aparece como director administrativo en el portal de la institución y la supuesta falta de respuestas de la Dirección de Juventud y Deporte de la Intendencia para anular el acuerdo.
La votación se dio luego de escuchar la intervención de la rectora de la institución, María Liz García de Arnold, madre del concejal, que se excusó de participar de ese momento de la sesión.
Nulo control
El informe del interventor documentó que entre las contraprestaciones de los beneficiarios de las becas, se exigían servicios comunitarios por 192 horas al año, lo que significaba 8 horas al día con una carga máxima de 40 horas semanales durante el mes.
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Sin embargo, según pudo recabar información el equipo interventor, los servicios consistían en la asistencia a plazas y parques los días sábados, sin tarea específica definida.
Además, el reporte del interventor agrega que recién desde 2024 se realizaron controles de asistencia, con baja concurrencia y nulas evidencias del cumplimiento de los requisitos.
Concejal cómplice de Nenecho
Juan José Arnold (ANR-FR) formó parte de la mayoría de 14 concejales que apañó la gestión de Rodríguez, aprobando las rendiciones de cuentas de 2023 y 2024, cuando ya era de conocimiento público la denuncia del desvío de G. 500.000 millones de los bonos para obras. También acompañó a Luis Bello para suceder a Rodríguez.
Bonos G8
Emitidos en 2022 por G. 360.000 millones, los bonos G8 debían invertirse exclusivamente en la construcción de desagües pluviales en 8 cuencas de la ciudad. Rodríguez, sin embargo, según el interventor, desvió ese dinero y otros G. 152.000 millones más, dejando en la cuenta bancaria donde debía estar ese dinero apenas G. 23 millones.
De las 8 obras que había prometido, apenas empezó 4: San Pablo, Abasto, General Santos y Santo Domingo. En las dos primeras, las obras tienen un avance de entre 30% y 35%, mientras que en las dos últimas, ni siquiera pasa del 3%. Las otras cuatro obras ni siquiera iniciaron. Rodríguez trató de excluirlas del plan de inversión, pero su intención fue rechazada por la Junta.
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La intervención de la Municipalidad de Asunción, iniciada el 24 de junio, fue aprobada por la Cámara de Diputados, tras el pedido de la Contraloría General de la República (CGR), que en julio de 2024, confirmó el desvío de G. 500.000 millones, denunciado por ABC. Por esta causa, hay una investigación abierta en la Fiscalía.
Rodríguez además está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”, en la que la Fiscalía estima un perjuicio de G. 1.850 millones. El interventor, Carlos Pereira, presentó otras 5 denuncias contra personas innominadas, por supuestos hechos punibles cometidos durante su gestión.