En el informe final, que contiene con sus anexos, 19.589 páginas foliadas, el interventor Carlos Pereira confirma que la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez desvió G. 512.318.235.683 de los bonos G8, que eran para obras, dilapidando los recursos en salarios, aguinaldos, bonificaciones, de 9.119 funcionarios, y en gastos corrientes que incluyen insumos de oficina, alquiler de camiones recolectores de basura y hasta la compra lomito.
Pereira detalla que los bonos G8 fueron emitidos en 2022 por G. 360.000 millones, pero se sacaron de sus cuentas bancarias G. 512.318 millones (unos US$ 71 millones al cambio actual) utilizándose la modalidad de la cuenta única, “mediante el flujo constante de entrada y salida de recursos entre diferentes cuentas bancarias”.
Apenas quedaron G. 23 millones, remarca el informe, e insiste en que por otro lado, las obras de infraestructura prometidas no se ejecutaron, perjudicando a la ciudadanía.
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“La utilización de los recursos de Bonos G8 durante los ejercicios 2022 y 2023 resultó ilegal y perjudicial para los intereses Municipales, incumpliendo los principios de legalidad, transparencia, responsabilidad administrativa y presupuestaria, generando el uso indebido de fondos públicos”, señala el interventor.
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Uso ilegal del dinero es responsabilidad también de concejales
Además afirma: “Usar dinero público que se destinó y autorizó para la construcción de infraestructura pública, en otros gastos no relacionados y alejados completamente del objetivo y de la autorización expresa recibida, hace responsables de tal infidelidad e ilegalidad a los Administradores Públicos que la realizaron, consintieron o no impidieron”.
Además de Rodríguez, la Junta Municipal de Asunción avaló el uso ilegal de los US$ 71 millones al aprobar, conociendo las denuncias existentes de desvíos del dinero, las ejecuciones presupuestarias de 2023 y 2024.
Pese a que en el balance 2023 ya no aparecían los G. 500.000 millones en bonos que eran para obras, el 8 de mayo de 2024, doce concejales colorados y dos liberales aprobaron la rendición de cuentas 2023 de Óscar “Nenecho” Rodríguez. Los concejales opositores, entretanto, habían criticado entonces la falta de información sobre la situación financiera de la comuna, la baja ejecución presupuestaria y la falta de obras en la ciudad.
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Para entonces, ABC ya había denunciado la desaparición de los G. 500.000 millones y la ciudadanía pedía que intervenga la Contraloría General de la República (CGR).
Pacto azulgrana entre concejales “protegió” a Nenecho
Para el 14 de abril de este año, ya la CGR había confirmado el desvío del dinero y hablaba de falta de documentos para determinar su trazabilidad y destino final. Pero de todos modos, con 14 votos del pacto “azulgrana” a favor, se aprobó la ejecución presupuestaria 2024. Unos meses después, a pedido de Contraloría se aprobaba la intervención.
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Presionado por la confirmación de que sería destituido, Nenecho renunció a su cargo el 22 de agosto. El mismo día Carlos Pereira entregó su informe final, con las contundentes conclusiones. Esta semana, en reemplazo de Rodríguez, toda la bancada colorada eligió al concejal Luis Bello, cartista y uno de los que avaló el uso ilegal de los bonos, como intendente de Asunción hasta diciembre de 2026.
Además del informe final, de más de 19 mil páginas, el interventor presentó ante la Fiscalía cinco denuncias penales. Igualmente hay otro proceso abierto por el desvío de los bonos y una causa por compras sobrefacturadas en pandemia, en la cual Nenecho está imputado por lesión de confianza y asociación criminal.
Millonaria concentración de casos judiciales
La intervención también permitió saber de un caótico manejo en la asesoría jurídica de la administración de Óscar Rodríguez, que podría dejar un multimillonario perjuicio a la comuna, El informe final explica que La cartera total reclamada por la Municipalidad asciende a unos US$ 109,6.
La “Cartera de Riesgo Recurrente”, de unos US$ 20,6 millones, afirma el reporte de Carlos Pereira, “llama la atención por su “hiperconcentración de casos en un número muy reducido de abogados externos de la Municipalidad de Asunción y la funcionaria Deisy Yohana Balbuena Prieto”.
Deisy Balbuena, que también es abogada interna de la municipalidad, “aparte de tener en su doble carácter de funcionaria y de abogada un claro conflicto de intereses, figura como abogada demandante en 5 juicios de la Municipalidad que totalizan la suma de G. 45.826.266.000”, indica el reporte.
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El abogado Andrés Gustavo Simón Flecha, “posee 31 juicios que totalizan una cartera judicial de G. 80.230.437.665”, añade. Además hay varios abogados externos de la institución, que no presentaron informe al equipo interventor sobre el estado procesal de los juicios promovidos.
“Es sumamente riesgoso”, dice el informe de Carlos Pereira, que advierte de la “la desinformación sistémica” que hay en la gestión judicial y extrajudicial