En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Agustín Encina, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), explicó por qué recibió una transferencia de casi 8.000 millones de guaraníes de la Municipalidad de Asunción en 2023, como revela el informe de la intervención de la Comuna asuncena que se hizo público ayer.
Según revela el informe entregado la semana pasada al Poder Ejecutivo por el interventor Carlos Pereira, quien auditó durante 60 días la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, Partido Colorado), en mayo de 2023 la Municipalidad de Asunción transfirió más de 7.800 millones de guaraníes a Encina, quien meses después asumiría la titularidad de la DNCP.
Según se desprende del informe de la intervención, el dinero transferido a Encina provenía de bonos G8 y debían estar destinados a la realización de obras de infraestructura en Asunción.
Cesión de deuda con Empo
Encina explicó que antes de asumir la dirección de Contrataciones Públicas trabajaba como abogado en el ámbito privado y tenía como cliente a la empresa Empo, que estaba contratada por la Municipalidad de Asunción para la disposición final de residuos sólidos.
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Relató que a finales de 2022 demandó a Empo por falta de pago de sus honorarios y el pleito se resolvió con un acuerdo por el cual la empresa le cedía la deuda que la Municipalidad de Asunción tenía con ella.
El pago de 7.800 millones de guaraníes, por lo tanto, corresponde al pago de parte de la Municipalidad de esa deuda que le fue cedida por Empo, afirmó. Agregó que la cesión del crédito se hizo por escritura pública y que pagó los impuestos correspondientes.
“Soy una persona extremadamente legal (...), soy cien por ciento transparente, esto lo percibí en el ámbito privado”, subrayó. “Lamento tener que explicar esto solo por el hecho de que la Municipalidad aplicó mal unos fondos”.
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Sobre el hecho de que el pago de la Municipalidad no figura en la declaración jurada que presentó meses después al asumir la titularidad de la DNCP, Encina dijo que estaba obligado a declarar el total de sus recursos, pero no “todos los cheques que cobré” de forma individual.
Manifestó estar abierto a que entes de control como la Contraloría General de la República investiguen su caso e insistió en decir que el pago de la Municipalidad “está justificado judicialmente”.