La intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este estuvo a cargo del economista Ramón Ramírez Caballero y otras 14 personas. Durante 50 días, desde el 23 de junio, auditaron la gestión de Miguel Prieto (Yo Creo), lo que derivó en su destitución el 19 de agosto último en la Cámara de Diputados, con 47 votos a favor de su salida, 30 en contra y 3 ausencias.
En el último tramo de la intervención se produjeron algunos incidentes por el descontento de seguidores de Prieto.
Según el informe entregado el 14 de agosto al Ministerio del Interior, supuestamente se comprobaron todas las causales señaladas por la Contraloría General de la República (CGR) en el pedido de intervención.
Las irregularidades detectadas incluyen supuestas inconsistencias en el estado financiero del patrimonio neto entre 2019 y 2022. Según la auditoría, los estados financieros de la Municipalidad en este periodo son inverificables y carecen de sustento documental, lo que impide determinar la verdadera situación patrimonial y financiera de la institución municipal.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Otra observación indica que durante la gestión de Prieto se habría incurrido en uso indebido de recursos de capital para gastos corrientes por más de G. 29 millones.
Asimismo, se detectaron presuntas irregularidades en transferencias de fondos a Entidades Sin Fines de Lucro (comisiones vecinales) para obras. Estas consistieron en incumplimientos de requisitos documentales, como la carencia de cuenta bancaria exclusiva, falta de documentación habilitante, la no presentación de rendiciones completas, inconsistencias entre lo rendido y lo ejecutado, entre otros, que “evidencian un manejo inadecuado de los recursos públicos transferidos con potencial daño al erario municipal”, según el informe.
Lea más: Sigue la espera por el corte administrativo en la Municipalidad de Ciudad del Este

Navidad Sustentable en Ciudad del Este
Uno de los principales cuestionamientos en cuanto a la transferencia de fondos hace referencia al proyecto Navidad Sustentable que, según el dictamen de la intervención, carece de documentación respaldatoria exigida para otorgar los aportes a las organizaciones no gubernamentales. Además, señala que se eludieron procesos de contratación competitivos, entre otros.
“Estas conductas vulneran los principios de legalidad, eficiencia, trazabilidad y control del gasto público, confirmando las causales señaladas por la Contraloría General de la República”, detalla el dictamen.
En otros puntos, la intervención dice que se comprobaron la falta de pago al Servicio Nacional de Catastro en concepto de aranceles; irregularidades en los procesos de planificación, adjudicación y recepción de bienes adquiridos por la Municipalidad de Ciudad del Este; irregularidades en la etapa de pago a proveedores, y pagos realizados sin que se cumplan las exigencias legales vigentes.
Lea más: Finaliza corte administrativo en Ciudad del Este: María Portillo asume gestión financiera

Otros hallazgos en la gestión de Prieto
La intervención también reportó hallazgos adicionales, como un presunto esquema de desvío de recaudaciones del impuesto inmobiliario, detectado durante una revisión de nueve comprobantes de ingresos por G. 75.257.651.
“La revisión permitió constatar que los comprobantes de ingresos pagados en el sistema en concepto de impuesto inmobiliario no fueron efectivamente depositados en las cuentas municipales”, expresa en este punto el informe.
Otra presunta falla en la administración de Prieto es la falta de respaldo en el uso de fondos transferidos al Consejo Local de Salud (2019-2022), ya que se constató que la Municipalidad de Ciudad del Este transfirió un total de G. 10.515.624.300 destinados a inversión física, mantenimiento, reparaciones, adquisición de medicamentos e insumos en el Hospital Regional de Ciudad del Este, de los cuales G. 5.984.291.870 no tienen respaldo suficiente, indica el dictamen.
Lea más: TSJE confirmó las fechas de elecciones en CDE
También se alega que hubo deficiencias en el control y asignación de combustible, así como el uso discrecional del “Fondo Fijo” o “Caja Chica” para la compra de productos alimenticios destinados a funcionarios.