La ampliación de la Ruta PY02, que afectará directamente a los municipios de Luque, Areguá, Itauguá, Ypacaraí y San Bernardino, generó una preocupación entre organizaciones sociales de estas ciudades, entre ellas, el colectivo Progreso Sostenible Areguá.
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El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) habilitó apenas ocho días hábiles para que la ciudadanía analice el Estudio y Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA), un documento que, según informaron, tiene 84 páginas sin anexos ni información complementaria. Este documento describe impactos en la zona aledaña al Lago Ypacaraí, que incluye bosques, humedales, viviendas, comercios y al propio Lago Ypacaraí.
Este tiempo de análisis es considerado por las diversas organizaciones como insuficiente para un análisis serio. En ese sentido, expresan la falta de garantías para una participación ciudadana real, sostiene el Colectivo Progreso Sostenible Areguá.
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Señalan que, con el plazo reducido, resulta imposible revisar en profundidad los impactos ambientales, sociales y culturales que la obra ocasionaría en una zona altamente sensible como la cuenca del Lago Ypacaraí.
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Más de 5.000 árboles serían talados, denuncian
Entre las principales preocupaciones se encuentran la afectación de humedales y zonas silvestres de uso restringido, lo que podría agravar el deterioro de la calidad del agua del lago.
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También se advierte sobre la tala de más de cinco mil árboles, entre especies nativas y exóticas, sin un plan claro de compensación.
A esto se suma la incertidumbre respecto a las expropiaciones de viviendas y comercios. Se advierte además el riesgo de que el proyecto dañe el patrimonio histórico de Areguá y las antiguas estaciones ferroviarias de la zona.
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Lamentan además que, hasta el momento, no se hicieron públicos los trazados oficiales de la ruta, lo que impide a las comunidades identificar si serán directamente afectadas.
Anuncian manifestación frente al Mades
Ante este panorama, las organizaciones convocaron a una manifestación pacífica este viernes a las 09:00 frente a la sede del Mades. Exigen la extensión del plazo para el análisis del estudio, el acceso completo a la documentación técnica y la suspensión de la Declaración de Impacto Ambiental hasta que se cumplan los mecanismos de transparencia y participación.
También reclaman la realización de audiencias públicas en cada uno de los municipios.
