Incan: así vencen medicamentos sin ningún control del Ministerio de Salud

Documentos a los que accedió ABC demuestran la falta de control del Ministerio de Salud en la trazabilidad de costosas drogas oncológicas adquiridas vía amparo judicial. Recientemente, un informe de la Controlaría General de la República reveló diversas irregularidades y la pérdida de millonarios lotes de medicinas por la nula vigilancia de la cartera sanitaria.

Pacientes oncológicos esperando atención médica en un pasillo del Incan.
Pacientes oncológicos esperando atención médica en un pasillo del Incan. arcenio acuna

En julio de 2025, un informe de auditoria de la Contraloría General de la República (CGR), cuestionó -entre otros puntos- el vencimiento de millonarios lotes de medicamentos oncológicos en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). En una de sus observaciones, el órgano de control detalla la compra y vencimiento de 10 cajas de la droga Sotorasibe, adquiridas por valor de G. 1.368.984.000, debido al fallecimiento del paciente.

El documento explica que el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) procedió a la adquisición del fármaco vía amparo judicial, pese a la muerte del solicitante, y que no precedió a redireccionar el mismo a otro paciente, ni al cambio con el proveedor antes de su vencimiento. La auditoría abarcó el periodo comprendido entre 2022 y 2024, incluyendo las gestiones de los doctores Julio Rolón, Raúl Doria y Jabibi Noguera como directores del Incan, así como Julio Borba y María Teresa Barán, como ministros de Salud.

La ministra de Salud, María Teresa Barán, junto al presidente del IPS, Jorge Brítez (i) y Raúl Doria (d) titular del INCAN.
La ministra de Salud, María Teresa Barán, junto al exdirector del Incan, doctor Raúl Doria.

El informe emitido con 45 observaciones, detalla diversas irregularidades en el principal hospital de lucha contra el cáncer, dejando en evidencia el mal manejo de Salud Pública.

Incan: vencimiento de fármacos es frecuente

Un nuevo documento al que accedió ABC, expone los graves descuidos que comete el Ministerio de Salud en la trazabilidad de sus fármacos adquiridos por recursos de amparo, originando esto el vencimiento de diversos medicamentos oncológicos de elevadísimo costo.

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El documento detalla la compra de 82 frascos de la droga Sacituzumab Govitecan 200 mg, para dos pacientes oncológicas atendidas en el Hospital de Pedro Juan Caballero. El fármaco no forma parte del listado básico de medicinas del Incan, por lo que se adquirió vía amparo. Cada ampolla de este medicamento, cuesta unos G. 20 millones.

Los medicamentos que tienen la firma y sello del doctor Raúl Doria, no fueron retirados por los pacientes, sino por un
representante del Centro Médico Oncológico Nuestra Señora de la Asunción, conforme se evidencia en los documentos de respaldo.
Documentos anexados a la auditoria realizada al Incan por la Contraloría General de la República, demuestran la desprolijidad con que se asignaban medicinas. En la imagen, el documento tiene un post-it con firma y sello del doctor Raúl Doria, director del Incan de agosto del 2023 a julio del 2024.

Lo grave del caso es que -según consta en el documento- la primera solicitud para la provisión de 50 frascos se realizó en noviembre del 2023 para una paciente, quien lamentablemente falleció y no utilizó la medicina. Posteriormente, en abril de 2024, se solicitaron y adquirieron -siempre vía amparo judicial- otros 32 viales de la misma droga para otra paciente, pese a la existencia de los primeros 50 frascos, que no habían sido utilizados en ese mismo hospital. De esos 32 adquiridos, se usaron tan solo 20 frascos, ya que la paciente abandonó el tratamiento en julio del 2024, quedando sin uso, en total, 62 viales de Sacituzumab.

Complicada reasignación o canje de fármacos por falta de notificación

En agosto del 2024, tras la renuncia del doctor Raúl Doria como director del Incan por presión de los pacientes, inició una exhaustiva auditoría, encabezada por la doctora Jabibi Noguera, quien dos meses después asumió con directora general del hospital oncológico, aseverando que trabajaría en la elaboración de protocolos de procedimiento, principalmente los que tengan que ver con la distribución de fármacos.

Es así que en noviembre del 2024, el Incan retiró un remanente de 62 frascos de Sacituzumab del Hospital de Pedro Juan Caballero y procedió a su reasignación. Consta en la documentación que llegó a ABC, que 18 viales fueron redireccionados a un paciente de Lazos del Sur, de Encarnación; 8 frascos fueron utilizados por un paciente del Incan y otros 36 frascos fueron para un paciente del Hospital San Pablo.

De los viales asignados a Lazos del Sur, se devolvieron 6 frascos recién en febrero de este año, 21 días antes de su fecha de caducidad, imposibilitando el corto tiempo, su reasignación a otro paciente.

Equipo de auditores liderado por la doctora Jabibi Noguera, que intervino el Incan por 60 días tras la renuncia del doctor Raúl Doria en agosto del 2024.
Equipo de auditores liderado por la doctora Jabibi Noguera, que intervino el Incan por 60 días tras la renuncia del doctor Raúl Doria en agosto del 2024.

Por otro lado, de los 36 frascos entregados al Hospital San Pablo en noviembre de 2024, apenas se utilizaron 9 frascos, ya que el paciente beneficiado había iniciado un recursos de amparo y continuó el tratamiento con el mismo fármaco, pero obtenido vía orden judicial. Esta situación no fue notificada al Incan hasta enero del 2025, cuando desde el hospital oncológico retiraron los 27 viales no utilizados, con fecha de vencimiento de febrero del 2025.

En este caso, pese al vencimiento de la droga, el Incan logró el canje con la empresa proveedora Libra Paraguay S.A, según consta en un documento con fecha 26 de marzo, dirigido a la doctora Jabibi Noguera.

Este situación, sumada a otras denunciadas en el informe de la Contraloría, evidencian la grave falta de vigilancia del Ministerio de Salud, ocasionando esto la constante pérdida de costosos medicamentos por vencimiento. El contralor general de la República, Camilo Benítez, había dicho que analizan la posibilidad de denunciar ante la Fiscalía el caso encontrado por la CGR, de la pérdida de un medicamento valuado en más de G. 1.000 millones que se compró pese a que la paciente que lo necesitaba, ya había fallecido.

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