El estado calamitoso de la ruta causa indignación entre los pobladores, quienes se sienten abandonados por las autoridades responsables del mantenimiento vial. Transitar por ese tramo se volvió una prueba de paciencia y resistencia, pues los enormes pozos hacen que los automovilistas realicen maniobras peligrosas que pueden derivar en accidentes.
“Nuestra ruta está llena de pozos, cada vez que salimos tenemos miedo de romper el vehículo o de sufrir un accidente. No es justo que tengamos que vivir así, pagando impuestos y sin recibir una solución. Pedimos a las autoridades que se acerquen, que vean con sus propios ojos cómo estamos transitando todos los días”, dijo Arturo González.
A este problema se suma otro no menos grave: la ausencia de transporte público. Los habitantes de Arroyos y esteros denuncian que ya no existen colectivos disponibles hasta altas horas de la noche, lo que limita seriamente la movilidad.
Los jóvenes que estudian en facultades, por ejemplo, se ven obligados a organizarse entre varios para alquilar un bus que los traslade hasta sus instituciones y luego los devuelva a sus casas. Este sistema improvisado resulta costoso e inseguro, pero es la única alternativa que encuentran ante la falta de un servicio regular.
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“Yo soy de Arroyos y Esteros, y tengo que pagar un vehículo especial con otros compas para ir a mi facultad en Caacupé. Hacemos esto porque no tenemos transporte en nuestra zona es una vergüenza”, lamentó Lourdes Florentín.
La situación no solo afecta a estudiantes, sino también a trabajadores que dependen del transporte público para cumplir con sus obligaciones. Muchos relatan que deben caminar largas distancias o depender de favores de conocidos para poder desplazarse. Esto genera desigualdad y margina aún más a las comunidades rurales que ya de por sí tienen menos oportunidades que quienes viven en la capital.
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Abandono estatal
La combinación de rutas destruidas y la falta de un servicio de transporte digno refleja el abandono estatal hacia los ciudadanos de Arroyos y Esteros. Mientras los vehículos se deterioran, los estudiantes hacen malabares para no perder clases, las familias se sienten atrapadas por la precariedad y las autoridades siguen sin brindar respuestas.

Para consultar sobre la situación de la localidad tratamos de comunicarnos con el gobernador de Cordillera, Denis Lichi (ANR), al número con terminación 331. Sin embargo, no obtuvimos respuesta.
Estamos abiertos si desea referirse al caso.
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