Estas son las empresas que recibieron parte de los G. 500.000 millones, según Nenecho

Cuestionadas empresas “amigas” aparecen entre las proveedoras cuyas facturas presentó el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), para justificar el destino final de parte de los G. 500.000 millones en bonos que eran para obras, pero fueron desviados. Graves irregularidades siguen apareciendo en las últimas horas de la intervención. Carlos Pereira había anunciado para hoy la presentación de su informe final.

Carlos Pereira, interventor de la Municipalidad de Asunción, junto con el intendente intervenido, Óscar "Nenecho" Rodríguez (ANR-HC).
Carlos Pereira, interventor de la Municipalidad de Asunción, junto con el intendente intervenido, Óscar "Nenecho" Rodríguez (ANR-HC).ARCENIO ACUÑA

En los documentos entregados por el equipo del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) para justificar el destino final de parte de los G. 500.000 millones en bonos para obras que fueron desviados, aparecen cuestionadas empresas “amigas”.

Según había confirmado el interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, en los 123 biblioratos que entregó la administración de Rodríguez para justificar el destino final del multimillonario monto, aparecen facturas de proveedores. Sobre estas empresas, el interventor pidió información a la Dirección de Ingresos Tributarios (DNIT), que le reportó que estas firmas no declararon haber realizado ventas a la municipalidad.

ABC accedió ayer al pedido de informes de Pereira a DNIT. Se demandan datos de 12 proveedores y sus movimientos entre enero de 2022 y diciembre de 2023.

En la lista aparecen Marilia Industrial SRL y Corporación Agartha SA, conocidas por su aparición en la rendición de cuentas de la municipalidad, de los fondos de emergencia por el Covid-19. Ambas empresas pertenecían a Jorge Velilla Cabriza, vinculado al seccionalero y funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), César Mafaldo Velilla Cabriza.

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A Marilia Industrial SRL, representada por Celeste Fernández, se le habían adjudicado casi G. 350 millones por la “Adquisición de kits de alimentos para comedores de las zonas vulnerables de los bañados”. La adjudicación fue ampliada en casi G. 70 millones, por lo que terminó cobrando casi G. 420 millones, según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Listado de empresas cuyos datos había solicitado a la DNIT el interventor, Carlos Pereira.
Listado de empresas cuyos datos había solicitado a la DNIT el interventor, Carlos Pereira.

Corporación Agartha SA, representada por Heve Celeste Velilla Fernández, por su lado, había sido beneficiada con un contrato de “Alquiler de camiones, contenedores y maquinarias”, con dos lotes que suman más de G. 647 millones.

Denunciada por sobrefacturación, también entre las empresas

Otra compañía cuyos datos se solicitaron es el Taller RC, representado por Crispín Rufinelli. Esta empresa es mencionada en la reciente denuncia del concejal Álvaro Grau (PQ), por una supuesta sobrefacturación de más de 2.300% en la provisión de repuestos y servicios mecánicos a la Municipalidad de Asunción.

Según la denuncia de Grau, bajo la administración de Rodríguez, la comuna compró, entre otras piezas mecánicas, bujes por G. 700.000, mientras que el precio real sería de G. 30.000. Las adquisiciones se dieron, acorde el edil, en dos licitaciones, entre 2022 y 2024, por G. 2.000 millones y G. 6.000 millones, para móviles chatarra.

Otra empresa conocida en la comuna, mencionada en la solicitud del interventor es El Palacio SA, representada por Irene Beatriz Rodríguez Arrúa primero y luego, por Roque Gaona Aranda. Esta firma aparece en el portal de la DNCP como proveedor de maquinarias varias a municipalidades.

Local de El Palacio S.A., ubicado sobre Montevideo, entre Manduvira y Pribebuy, Asunción.
Local de El Palacio S.A., ubicado sobre Montevideo, entre Manduvira y Pribebuy, Asunción.

Según la DNCP, a la comuna capitalina, El Palacio S.A. le arrienda camiones recolectores de basura y contenedores de plástico. El primer contrato se firmó el 13 de diciembre de 2022, por el alquiler de camiones compactadores de basuras. El acuerdo fue por G. 8.219 millones. Luego hubo contratos vía excepción. Y en una adjudicación plurianual, en 2024, el contrato abierto firmado fue por un monto mínimo de G. 6.604 millones y un monto máximo de G.13.208 millones.

Otras empresas “amigas” de Nenecho

Entre las empresas citadas en la solicitud del interventor a la DNIT, aparece también El Castillo SA, representado por Gonzalo Gill Cañete. La firma es conocida proveedora del Estado y figura con acuerdos para la provisión, principalmente, de kits de alimentos, elementos de limpieza y bidones de agua. En diciembre de 2023, El Castillo S.A. firmó contrato con la comuna para provisión de alimentos por G. 420 millones.

Otras firmas citadas son Distribuidora Paraguay, representada por Rosa Mabel Capli, cuestionada proveedora de alimentación escolar en el marco de Hambre Cero; y Vega SA, representado por Néstor Daniel Vega López, denunciada en 2016 por mala calidad de chipitas de la merienda escolar, en Asunción.

Aparecen también Prestigio del Sur SRL, representada por William Ricardo Stiene Pérez; Taller C y M, representada por Óscar Santiago Princigalli Arévalo; Hidráulica del Brasil SA, representada entre otros por César Augusto Medina Campos; 19 de enero SRL, representada por Francisco David Arza Pavón y Proyec SAE, representada entre otros por Orlando Pablo Cazal Britos.

Local de El Castillo S.A., ubicado en el bloque B del Mercado de Abasto.
Local de El Castillo S.A., ubicado en el bloque B del Mercado de Abasto.

En la respuesta, entregada el martes al equipo interventor, la DNIT había señalado que algunos de los proveedores no habrían declarado haber emitido facturas a la Municipalidad de Asunción, entre otras irregularidades. Fuentes de la DNIT habían señalado que, aunque preliminares, los hallazgos podría ser indicios de una posible falsedad de las facturas, aunque no descartaban la posibilidad de que las empresas no hayan declarado las ventas.

Al cerrarse intervención, hay cinco denuncias presentadas ante Fiscalía

La intervención de la Municipalidad de Asunción, iniciada el 24 de junio, cierra mañana, sábado, el plazo de 60 días decretado por el Poder Ejecutivo para el procedimiento. El interventor, Carlos Pereira, había anunciado que entregaría su informe al Ministerio del Interior este viernes.

El proceso había sido aprobado por la Cámara de Diputados a pedido de la Contraloría General de la República (CGR) que confirmó el desvío de G. 500.000 millones de bonos que eran para obras, como denunció ABC.

El imputado intendente de Asunción, Óscar "Nenecho" Rodríguez (ANR-HC), días atrás en la Junta de Gobierno para el informe del presidente Santiago Peña.
El imputado intendente de Asunción, Óscar "Nenecho" Rodríguez (ANR-HC), días atrás en la Junta de Gobierno para el informe del presidente Santiago Peña.

Durante la intervención, Pereira dijo que coincidía con las 6 observaciones encontradas por la CGR, con el agregado de que, por tener acceso a la documentación negada al organismo de control, podría demostrar el destino final del dinero desviado.

Tras el análisis de esa documentación, Pereira afirmó que casi la mitad del dinero, que debía ser invertido en obras de infraestructura, fue usado para salarios, mientras el resto fue a otros gastos corrientes, sin que todavía se pueda determinar cuánto se usó para su objetivo inicial. De los bonos G8, emitidos en 2022 para 8 cuencas de desagüe pluvial, Nenecho solo comenzó cuatro, que avanzan lentamente.

Pereira también presentó ante la Fiscalía cinco denuncias de hechos punibles, que dijo que constarán en su informe final. Además confirmó el descalabro financiero de la Municipalidad, con un pasivo de G. 2,3 billones y activos disponibles por apenas G. 46.000 millones, en promedio, para hacer frente a la deuda financiera y al pago de salarios.

Entre otras irregularidades, durante la intervención se revelaron: la superpoblación de los recursos humanos, con 9.119 funcionarios, la falta de un control efectivo de su asistencia, pese a la existencia de 27 sistemas informáticos de control distintos, además de varias denuncias de cajas paralelas, como la del Mercado 4.

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