En la sesión plenaria ordinaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente César Diesel expuso la preocupante situación que se generó tras una condena dictada en un juicio oral y público realizado el 12 de agosto pasado y que derivó en una amenaza a los integrantes del Tribunal de Sentencia.
En su exposición, Diesel no dio nombres de los magistrados afectados pero relató que en la fecha indicada, los integrantes del Tribunal de Sentencia “condenaron a algunas personas que están identificadas”.
“Como consecuencia de esta sentencia, tuvieron conocimiento de que han sido amenazadas sus vidas. Ante esta circunstancia, el día 14 tuve conocimiento de eso y me comuniqué con algunas autoridades nacionales encargadas de la seguridad, a los efectos de pedir resguardo para estos magistrados” explicó el titular de la CSJ.
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Ante amenaza, pleno de la CSJ solicita resguardo para jueces
Diesel solicitó autorización del pleno para oficializar el pedido de resguardo a los magistrados afectados a las autoridades correspondientes, petición que contó con la aprobación de los demás ministros.
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“El día de ayer recibí un memorandum solicitando expresamente de vuelta el respaldo de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial a la actuación de los magistrados y queremos transmitir a los jueces la plena valentía y confianza en sus actos. Creo que debemos señalar que la magistratura no puede ni debe verse condicionada a intimidaciones de ninguna naturaleza y por esta razón, quiero pedir al pleno oficializar el apoyo institucional estos magistrados y a todos los magistrados de la República (...)”, acotó el ministro Diesel.
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Condena por corrupción en CDE
El martes 12 de agosto concluyó el juicio oral y público al exdirector de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este Rubén Ireneo Lombardo Cristaldo y al excoordinador general Francisco Javier Ramírez Torres, quienes fueron condenados a 18 años y 9 meses de prisión.
La sentencia, dictada por el Tribunal de Sentencia presidido por Evangelina Villalba e integrado por Óscar Gabriel Genez y Lourdes Morínigo, es por los hechos punibles de suministro de estupefacientes en lugares de reclusión, tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, asociación criminal y comercialización de drogas.
El colegiado declaró probada la acusación fiscal que reveló que ambas autoridades penitenciarias, junto con otros cinco procesados, integraban una estructura criminal dedicada al ingreso ilegal de drogas y bebidas alcohólicas al penal.
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Entre los demás implicados figuran Ali Issa Chamas, Ali Fouani, Diego Pedro Barcik y Leonardo Araujo Viera, quienes recibieron penas de seis años de cárcel. En tanto, Jorge Darío Mendoza Penayo fue condenados a 12 años.
Según los antecedentes expuestos en juicio por el fiscal Manuel Rojas, Chamas, Fouani y Barcik operaban desde dentro del penal de la siguiente manera: el primero encabezaba la organización, el segundo coordinaba la logística y el tercero se encargaba de adquirir la sustancia ilícita.
A su vez, Araújo Viera y Mendoza Penayo, ocultaban las drogas y el alcohol entre otros productos (como alimentos y bebidas) para transportarlos en una furgoneta, cuyo ingreso era autorizado por Lombardo y Ramírez Torres.
El esquema quedó al descubierto con una intervención fiscal policial que tuvo lugar en diciembre de 2023.