La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) informó que, hasta la fecha, ha habilitado 229 de los 263 locales de la cadena Biggie, manteniéndose 34 sucursales todavía cerradas. Según informó la institución, el principal motivo para no permitir la reapertura de estos locales es que siguen detectándose las mismas irregularidades durante las fiscalizaciones, las cuales ya fueron comunicadas en sus canales oficiales.
Desde la institución, señalaron que se mantienen las mismas observaciones publicadas en sus redes sociales, que no han presentado variaciones sustanciales. Agregaron que solo se levantaran las medidas cautelares a los locales todavía clausurados cuando se subsanan por completo las observaciones realizadas durante la fiscalización.
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Entre las supuestas irregularidades encontradas por Dinavisa se señala la existencia de productos que se mantenían a temperaturas inadecuadas para su correcta conservación. Además, señalan la presencia de productos con empaques dañados, abollados o sin el etiquetado reglamentario, productos vencidos y la falta de información sobre los proveedores de algunos alimentos precocidos, como empanadas y panes.
Además, Dinavisa dice haber identificado productos envasados al vacío con problemas de hermeticidad y otros con información de lote o fecha de vencimiento ilegible y la presencia de crecimiento microbiano en panificados.
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Hoy concluyen fiscalizaciones
Desde Dinavisa aseguraron que las fiscalizaciones pendientes culminarían hoy y que la reapertura de los locales depende exclusivamente del cumplimiento de las condiciones sanitarias y regulatorias.
El pasado 12 de agosto, por orden de Santiago Peña, se anunció el cierre temporal de toda la cadena de Biggie, con 263 locales en todo el país, por el supuesto hallazgo de productos vencidos en 12 locales. La sanción, sin precedentes en la historia comercial del país, contra una empresa del Grupo Zuccolillo, provocó el unánime rechazo de gremios empresariales locales e internacionales, que criticaron la medida de arbitraria y desproporcional.
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Ante una comisión especial del Senado sobre el cierre de la cadena, Sara Irún, titular de la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco), intentó instalar que el cierre fue una decisión “voluntaria” de la empresa. Dos días después de la medida, la misma Irún aseguró que “malinterpretó” la resolución de Dinavisa con respecto al cierre y dijo que solo se deberían retirar los productos, no cerrar los locales.
Jorge Ilou, titular de Dinavisa, confirmó posteriormente que los productos incautados en los locales fueron remitidos al laboratorio BioControl, parte del grupo Multilab S.A., representado por Paola Scavone de Argaña, consuegra del presidente, Santiago Peña.