La noche del lunes 4 de agosto, una mujer fue víctima de un violento asalto en el barrio San Miguel de Caacupé. El ataque ocurrió a las 20:30, sobre la calle 8 de Diciembre, a metros de una conocida estación de servicios, en plena vía pública y bajo la lluvia. El hecho vuelve a poner en discusión la creciente inseguridad, incluso en zonas residenciales.
El crimen organizado también avanza y preocupa a la población. El 24 de julio, en el barrio San Blas de Tobatí, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía Antinarcóticos allanaron dos viviendas contiguas, dejando al descubierto una presunta red familiar dedicada desde hace años a la distribución de estupefacientes.
Pocos días antes, el 26 de junio, se realizó la operación Caolín que llevó a la captura en Tobatí de la madre, un hermano y dos hermanas del multicondenado Armando Javier Rotela Ayala, líder del Clan Rotela, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Emboscada. Sin embargo, la esposa, otra hermana y tres cuñados del criminal siguen prófugos, lo que evidencia la limitada efectividad de los operativos para desarticular realmente estas estructuras delictivas.
La estructura criminal investigada se encargaba de traficar estupefacientes desde el área Central hasta otros puntos del interior del país, además de operaciones relacionadas con la compra y venta de armas de fuego, según informaron desde la Policía.
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También se apunta a que el clan realizaba operaciones de lavado de dinero para legalizar lo obtenido de los hechos ilícitos a través de la compra de propiedades, animales y otros, que eran administrados por cercanos a Armando Rotela.
La investigación contra el núcleo familiar del sindicado duró dos años y dos meses, en la que se recurrió a escuchas telefónicas para llegar a los integrantes del Clan.
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Promesas incumplidas
La inseguridad no es el único flagelo que golpea a Cordillera: el abandono en materia de infraestructura es alarmante.
Desde hace tres años, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) prometió instalar un paso peatonal en el kilómetro 55 de la ruta PY02, compromiso que hasta hoy no se cumplió. Los barrios Espíritu Santo, San Isidro y Potrero Po’i siguen esperando.
A diario, numerosos niños se ven obligados a cruzar esta peligrosa vía para llegar a sus escuelas o regresar a sus hogares. La ausencia de semáforos, señalización adecuada o personal que regule el tránsito convierte este trayecto en una situación de riesgo constante.
Los vehículos circulan a gran velocidad, ignorando en muchos casos los límites establecidos y sin reducir la marcha ante la presencia de peatones. Esta combinación de imprudencia y falta de infraestructura preventiva expone a los más pequeños a un peligro latente que podría evitarse con medidas urgentes de seguridad vial.
Ciudadanos claman por asfalto
A esto se suma el clamor de los habitantes del kilómetro 56 de la ruta PY02, ciudadanos de Caacupé que se encuentran aislados en el tramo de 17 kilómetros que une la ciudad con Piribebuy. En esta zona desde hace 10 años solicitan asfaltado.
Pese a los reiterados pedidos que se han hecho hasta ahora, no hay soluciones concretas.
Y a las promesas de gobiernos anteriores, los barrios de Santa María, Yhakã ro’ysã, Itaybú Guazú, Cañada, Cordillerita, Ykua Porã y Paso hû continúan aisladas por caminos en pésimo estado, lo que afecta no solo a los vecinos, sino también a la economía y el acceso a servicios básicos.
Estos hechos de inseguridad que avanzan, el narcotráfico que opera, el crimen organizado que no se erradica y la infraestructura que nunca llega tienen un denominador común: la falta de acción real por parte del Estado paraguayo. Promesas incumplidas, operativos a medias y ausencia de políticas públicas efectivas, condenan a la gente a vivir con miedo, con caminos intransitables y con la certeza de que, cuando se trata de protegerlos o de mejorar su calidad de vida, las autoridades siempre llegan tarde o nunca llegan.