El abigeato es uno de los hechos punibles más antiguos que no se ha logrado controlar y que continúa causando cuantiosos daños económicos, debilitando la producción ganadera en el departamento de Paraguarí.
Lo preocupante del hurto de ganado es que se comete a cualquier hora del día: a plena luz del sol, de noche o de madrugada. En diferentes distritos pululan los cuatreros, varios de ellos beneficiados con medidas alternativas a la prisión preventiva o con arresto domiciliario y, ante la falta de un control policial eficaz, se presume que son los mismos que, con sus gavillas, crean zozobra en el noveno departamento.
Hacer frente a este flagelo llevó a las autoridades judiciales a ensayar, en octubre de 2011, un plan estratégico del Poder Judicial 2011-2015 para “reducir el índice de abigeato en el departamento de Paraguarí”. En esa actividad participaron el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis María Benítez Riera; el superintendente departamental, doctor Antonio Fretes; autoridades judiciales de la zona, municipales locales y representantes de la sociedad civil.
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En el marco de esa lucha, en 2011 se crearon dos Brigadas de Lucha contra el Abigeato: una en la compañía Calixtro de Carapeguá (posteriormente trasladada a Mbuyapey) y otra en Sapucái. En 2024 se habilitó otra brigada en Caapucú. Sin embargo, el plan fracasó y el abigeato sigue avanzando.
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Propuestas que fracasaron
En agosto de 2023, algunas autoridades municipales, ante la presión ciudadana, y que ya llevaban más de 20 años de reclamos, comenzaron a tratar el tema. En Carapeguá, por ejemplo, el intendente Luciano Cañete (ANR) reunió a autoridades municipales, judiciales y policiales para que los abigeos recibieran una condena ejemplar, pero la iniciativa tampoco prosperó.
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En noviembre de 2023, los ganaderos solicitaron que los efectivos policiales de la Lucha contra el Abigeato dejaran de depender de la Dirección de la Policía Departamental y pasaran a ser administrados por la Comisión Nacional de Lucha contra el Abigeato (Conalcart).
En marzo de 2024, intendentes municipales del departamento de Paraguarí se reunieron en el distrito de San Roque González, donde solicitaron la descentralización judicial y una lucha frontal contra el abigeato.
Fue durante un encuentro realizado en el distrito de San Roque González, en el que participaron los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Víctor Ríos y Gustavo Santander, así como la camarista Rosalinda Guens.
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En esa ocasión, los intendentes cuestionaron las llamativas liberaciones de imputados que, pese a contar con evidencias, eran beneficiados con arresto domiciliario desde donde presuntamente continuaban delinquiendo.
Ante esta queja, la Corte Suprema de Justicia, en septiembre de 2024, ordenó realizar una auditoría de gestión a cuatro juzgados de garantías del departamento de Paraguarí, ubicados en Carapeguá, Paraguarí, Ybycuí y Quiindy. Ese año cerró con un catastrófico informe: el hurto de un total de 252 vacunos y una supuesta auditoría cuyos resultados nunca se dieron a conocer.
En febrero de este año se realizó la última reunión entre autoridades judiciales, políticas, municipales y de la fiscalía en la Circunscripción Judicial de Paraguarí, con la presencia de los ministros de la CSJ Víctor Ríos y Enrique Santander; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; el ministro del Interior Enrique Riera, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA); intendentes; autoridades políticas, judiciales, abogados litigantes y el senador colorado cartista Ramón Retamozo, quien en ese momento “demostró su preocupación por el flagelo del abigeato en el departamento de Paraguarí”.
En ese entonces, Retamozo propuso, como una de las medidas a adoptar, el control de los mataderos. Días después, el parlamentario habría adquirido por G. 415.550.437 el matadero municipal de Paraguarí, siendo supuestamente su prestanombre su sobrina Andrea María Graciela Martínez Villalba.
Hasta el momento no se ha encontrado aún la fórmula para combatir el flagelo en el noveno departamento. Los ganaderos aseguran que, pese a que se ha modificado el artículo 163 del Código Penal Paraguayo —que castiga con cinco a diez años de cárcel el hecho punible de abigeato—, varios de los casos denunciados, aun con evidencias, no son condenados.
Muchos de los casos terminan archivados en la fiscalía o en los juzgados, lo que favorece que el flagelo siga ganando terreno ante la impunidad en la región.