Según los documentos y la cronología del caso, la investigación en contra de Biggie inició tras una denuncia en redes sociales, en un perfil evidentemente cartista y que ni siquiera está identificado. El jueves 7 de agosto en un solo local se labraron dos actas. Al día siguiente, viernes 8, no se registraron fiscalizaciones. El fin de semana del 9 y 10 de agosto, al ser días no laborables para el sector público, tampoco se realizaron operativos.
La inspección se retomó el lunes 11 de agosto, con la elaboración de cuatro actas en igual número de locales, cuyos resultados fueron enviados a Dinavisa. Al día siguiente, martes 12, la Dirección verificó dos locales sobre la avenida General Santos, pero en su resolución solo consignó un local y citó antecedentes de Sedeco. Horas después, ya se ordenó el cierre total de la cadena en todo el país.
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¿Cómo y cuándo van a controlar todas las tiendas de Biggie?
Entre las incógnitas que genera el procedimiento figuran: cuántos fiscalizadores participaron, por qué se decidió clausurar la totalidad de los locales con base en una muestra reducida, cuáles son los antecedentes de medidas similares en Paraguay, y cómo se controlará que los establecimientos cumplan las exigencias para reabrir.
La secuencia de hechos y la rapidez en la ejecución levantaron cuestionamientos sobre si el operativo fue planificado con antelación. La propia cronología muestra que, en menos de 24 horas, se pasó de verificar unos pocos locales a paralizar completamente a la cadena, afectando de manera directa a miles de trabajadores y al abastecimiento en varias zonas.
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¿Qué dice la resolución de Dinavisa?
Según las actas de intervención, funcionarios de Sedeco constataron la exhibición de productos alimenticios con vencimiento expirado o reetiquetado de productos con fechas no coincidentes o poco claras. También se hallaron productos sin registro sanitario.
En ese contexto, en la resolución N° 326/2025, la Dinavisa no solo instruye un sumario administrativo, sino que también establece un conjunto de medidas cautelares y requerimientos que delinean el camino legal que deberá enfrentar la empresa.
Se ordena la apertura de un sumario administrativo contra la empresa BIGGIE S.A. por múltiples infracciones graves. La Dinavisa subraya que estas faltas representan un riesgo previsible para la salud pública.
Además, se resalta que la empresa tiene actualmente 12 antecedentes de actuaciones administrativas en Sedeco, por productos vencidos, reetiquetados, diferencias de precios entre góndola y caja, ausencias de precios en góndola y publicidad engañosa.
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¿Cuánto tiempo cerrará Biggie?
En el mismo archivo se decreta la clausura temporal de todos los establecimientos de “Biggie Express” a nivel nacional. Esta medida permanecerá vigente “hasta que la empresa demuestre que ha corregido las irregularidades y cumple plenamente con las normativas sanitarias”.
La empresa tiene ahora 10 días hábiles para presentar sus argumentos de defensa y pruebas.
¿Cómo se harán los controles?
La resolución indica que el abogado Gilly Colmán fue designado como juez instructor y la abogada Deisy Storm será la actuaria, con facultad de nombrar ujier notificador.
Dinavisa no estableció aún cómo se realizará el proceso de sumario ni los controles a las más de 260 tiendas, para lograr retirar todos los productos cuestionados y disponer la reapertura.
La institución ni siquiera cuenta con laboratorios para el análisis de alimentos, por lo que tampoco se saben a dónde fueron a parar los alimentos decomisados.
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¿Orden de Peña?
Ayer llamó la atención que el comunicado de prensa emitido por Dinavisa inicia con la frase “en el marco de las instrucciones del Presidente de la República, Don Santiago Peña”.
La cadena Biggie integra el grupo empresarial Zuccolillo y el Presidente Peña abiertamente ha expresado su postura en contra del medio, incluso emitiendo amenazas directas.
Al respecto, el director de Dinavisa, Jorge Iliou aseguró que son una institución autónoma y no reciben órdenes.
Varios gremios de supermercadistas y comerciantes ya expresaron su preocupación. Calificaron la medida del cierre total como desproporcionada y sin precedentes. Advierten sobre grave afectación a la seguridad política.
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