El contrato fue suscrito el pasado 16 de julio por el intendente municipal Luciano Cañete (colorado cartista) y el representante de la empresa Pine Apple SA, Kevin Mercado. La ciudadanía reaccionó tras la suspensión del servicio en los itinerarios habituales dentro del casco urbano y suburbano, lo que llevó a la Municipalidad a difundir el comunicado en el que anuncia la tercerización del servicio.
Esta situación generó la reacción de los concejales, entre ellos los liberales Margarita Miró y Rubén Galeano, el colorado Silvino Silva y Enrique González Quintana (PJ), quienes solicitaron un informe al intendente sobre la presunta adjudicación irregular del servicio, realizada sin aprobación de la Junta Municipal.
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En la sesión del lunes último, se intentó presentar en la Junta Municipal un dictamen de la Comisión de Hacienda que propone el rechazo de la tercerización y de la concesión de la explotación del servicio de basura. Sin embargo, hubo opiniones encontradas y altercados entre quienes se oponían a la concesión y quienes apoyaban al intendente, por lo que se levantó la plenaria sin que se haya tratado el dictamen correspondiente.
El contrato firmado por el intendente Luciano Cañete establece que el acuerdo tiene por objeto regular la tercerización del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, comerciales y complementarios del municipio. Tendrá una vigencia de seis (6) meses, contados a partir del 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de enero de 2026.
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La prestación se realizará dos veces por semana en el microcentro y dos veces por semana en el casco urbano, según cronograma a coordinar con la Municipalidad.
Las atribuciones asumidas por el intendente, sin consultar a la Junta Municipal, alertaron a un grupo de concejales, que elaboraron un dictamen en el que le recuerdan que la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/2010 establece, entre otras, las siguientes atribuciones de la Junta Municipal:
- Inciso c): aprobar las adjudicaciones y los contratos suscritos con adjudicatarios o concesionarios en virtud de llamados a licitación pública o por concurso de ofertas.
- Inciso k): considerar la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria presentada por el Intendente Municipal.
- Inciso ñ): ejercer todas aquellas atribuciones normativas y de control en el marco de las funciones municipales.
De esta manera, la decisión de no ratificar una concesión que afecte un servicio público esencial se enmarca plenamente en las atribuciones legales de la Junta Municipal, que tiene la potestad de ejercer control, velar por la correcta utilización de los recursos y resguardar el interés público, indican los ediles.
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La concesión en términos desventajosos o sin garantías suficientes debilita el rol institucional y limita la capacidad de respuesta inmediata ante situaciones de urgencia o interés general, señala una parte del dictamen que propone el rechazo de la tercerización.
En contrapartida al rechazo, se propone que la Municipalidad disponga la inmediata inversión en equipamientos, maquinarias, infraestructura y recursos humanos necesarios para asumir plenamente la prestación del servicio.
El informe de la Intendencia Municipal, a la que accedió la Comisión de Hacienda, señala que la recaudación del servicio de recolección de basura en el año 2024 fue de G. 435.810.000, y en 2025, hasta julio, de G. 254.600.000. La propuesta de la empresa concesionaria establece pagar a la Municipalidad un canon del 5% sobre lo recaudado.
Esto significaría que la Municipalidad dejaría de percibir aproximadamente G. 414.019.500 anuales, considerando los ingresos de 2024.
La empresa ya comenzó a operar, pero el desacuerdo entre la Junta Municipal y la Intendencia aún no fue resuelta.