El sobreseimiento provisional para Dany Durand Espínola y los demás ex directivos de Mocipar Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González, María Patricia Nazareth Espinola Durand, Diana Teresita Britos y Flavio Arturo Britos Ocampo; es en la causa por presunta estafa, lesión de confianza, conducta conducente a la quiebra y asociación criminal, que según la imputación ocasionó un perjuicio de G. 162.775.000 a varios clientes.
La resolución del magistrado fue en base al Dictamen N° 122 del 17 de julio de 2025 presentado por la fiscal adjunta Patricia Rivarola, quien luego del trámite de oposición que imprimió el juzgado de Garantías, ratificó la solicitud de sobreseimiento provisional que había requerido el fiscal Aldo Cantero, encargado de la investigación.
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Durante el sobreseimiento provisional, cuyo plazo máximo es de un año, el agente del Ministerio Público deberá realizar un total de 15 diligencias que están pendientes, es decir que no llevó a cabo en la etapa ordinaria de investigación, que es de seis meses.
Entre las diligencias pendientes está la ampliación de la declaración indagatoria de las tres víctimas del presente caso, pedidos de informe a la Comisión Nacional de Juegos de Azar y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios; pedido de informe a la Municipalidad de Lambaré que informe, acerca de la Urbanización Campos del Sol, aprobación de planos y obras, titularidad, y si cuentan con impuestos al día, entre otras.
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Durand encabezó esquema de estafa, según Fiscalía
La imputación presentada por el fiscal Aldo Cantero en noviembre de 2024 señala que los representantes de Mocipar Dany Durand, Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González, María Patricia Nazareth Espinola Durand, Diana Teresita Britos y Flavio Arturo Britos Ocampo, habrían articulado y establecido las condiciones de los contratos denominados “Casa Plan”, con pagos por cuotas desde 36 hasta 90 meses, tiempo en que debían ser entregados los inmuebles.
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Es así que en los contratos que habrían sido firmados con las señoras Graciela Marisol González de Ortiz, Lourdes Mizabeth Candia de Ortiz y Graciela Beatriz Finestra de Cantero se habrían establecido la construcción de una vivienda con varias dependencias, por el valor total en G. 118.350.000, cada contrato, y según sus cláusulas permitía participar en un sistema de sorteos denominado “Casa Plan 90”.
Según resalta la imputación fiscal, la señora Graciela Marisol González de Ortiz habría pagado monto iniciales de G. 165.000 desde el año 2014 al 2015, posteriormente le habría sido novado el contrato en el 2016 con lo cual la cuota habría ascendido a G. 1.000.000. Dicho monto habría abonado hasta principios del año 2020.
Por su parte, Lourdes Mizabeth Candia de Ortiz habría iniciado sus pagos por un plan de vivienda en enero de 2011, abonado G. 135.000 hasta el 2012; luego habría novado a otros nuevos contratos denominados plan consorcio casa y consorcio departamento “Campos del Sol”, duplex ubicados supuestamente en la ciudad de Lambaré, donde habría aumentado su cuota en G. 750.000, que habrían sido abonados hasta fines de 2019.
Perjuicio causado a clientes de Mocipar
El Ministerio Público agrega en la imputación que Graciela Beatriz Finiestra de Cantero habría iniciado sus pagos con G. 155.000 por un plan de vivienda en enero de 2011, para posteriormente haber novado en otros contratos denominados “Casa Plan” y plan de la vivienda “Tu Departamento Fácil de Pagar”, llegando a abonar G. 1.315.000 en los años consecutivos hasta inicios del 2020.
Es así que, en más de una ocasión se trataban de más de un contrato con cada persona, quienes firmaban dichos contratos y pagaban las cuotas estipuladas en los mismos, asimismo la empresa Mocipar al no poder cumplir con lo pactado con los socios, habrían articulado las condiciones de las rescisiones de contratos con los socios en perjuicio de los mismos, según detalla la fiscalía.
Añade que estas circunstancias se habrían repetido innumerables veces con distintas personas, en la proforma de los contratos constan que fueron celebrados en la ciudad de Asunción, haciendo constar la fecha completa en algunos casos y en otros solo el mes y año; contratos cuyas renovaciones habrían sido compelidas a fin de no perder lo ya aportado y habría estado pagando consecutivamente las cuotas hasta el inicios del año 2020.
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Entre los contratos suscritos figuran el “Contrato Casa Plan”, “Plan de la Vivienda Tu departamento fácil de pagar Barrio cerrado Campos del Sol”, “Plan Consorcio Casa” y “Mocipar Propiedades S.A”. Las mismas habrían pagado las cuotas sin haber recibido aparentemente ningún beneficio a cambio de los pagos realizados, por lo que habrían sufrido un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 162.775.000, puntualiza la imputación fiscal.