Las ediles coloradas Sara De Vigille y María Cristina López afirman en la denuncia fiscal que el inmueble fue vendido por un monto muy inferior al valor real, de G. 415.550.437, a Andrea María Graciela Martínez Villalba, sobrina del mencionado parlamentario, sin cumplir los procedimientos legales y en condiciones sospechosas.
Ante esta situación, las concejalas solicitan que el Ministerio Público designe a un perito tasador oficial para determinar el daño patrimonial causado a la Municipalidad de Paraguarí.
También reiteraron el pedido de imputación del intendente Marcelo Simbrón y de concejales individualizados en la denuncia. Advierten que los ediles son solidariamente responsables por haber aprobado un acto considerado lesivo al interés público.
Resoluciones contradictorias
La venta fue aprobada mediante la Resolución J.M. N° 676/2025, con el voto favorable de los concejales Andrés Báez, Luis Almada, Eduardo Fernández, Diego Samudio (todos colorados) y Tomás Duarte (PLRA). El predio cuenta con una extensión de 11.543 metros cuadrados, y la operación se concretó el 18 de enero de 2025; sin embargo, de manera extraoficial aseguraron que el precio del inmueble superaría los G. 6.000 millones.
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Sin embargo, tras la denuncia pública de las concejalas, los mismos miembros de la Junta derogaron el acto administrativo por medio de la Resolución N° 794/2025, en un intento por frenar las consecuencias legales.
El intendente Marcelo Simbrón (colorado y excartista) solicitó a la Fiscalía la suspensión del avalúo del inmueble, alegando que, al derogarse la resolución de venta, el objeto de la tasación desaparece.
Declaraciones polémicas del intendente
En una entrevista con una radioemisora, el intendente Marcelo Simbrón declaró abiertamente que el verdadero comprador del matadero municipal es el senador Ramón Retamozo (ANR), y que incluso este habría intentado adquirir el inmueble a un precio aún más bajo. Mencionó que la tasación fue realizada conforme a la ordenanza tributaria, que establece G. 40.000 por metro cuadrado.
Amenazas durante sesión de la Junta
Durante la sesión de la Junta Municipal realizada el martes 5 de agosto, las concejalas denunciantes fueron encaradas, maltratadas y amenazadas, según relataron. Se les advirtió que “si siguen denunciando corrupción, algo grave les pasaría”.
Apuntaron directamente al presidente del cuerpo legislativo comunal, Edgar Vera y Aragón (ANR), como responsable de las advertencias. La situación generó un ambiente más tenso y una fuerte discusión en el recinto.
“Nos amenazaron con que algo grave nos pasará”
En el escrito presentado a la Fiscalía, las concejalas señalan: “Fuimos brutalmente maltratadas por algunos colegas, llegando al extremo de amenazarnos con que, si seguíamos luchando contra la corrupción, nos pasaría algo grave”.
Añaden que ponen estos hechos en conocimiento del fiscal Ramos Manzur y responsabilizan al intendente y a varios concejales por cualquier atentado contra su integridad física y la de sus familias, reservándose el derecho de accionar judicialmente.
Vera y Aragón responde: “Esto no va a terminar bien”
El presidente de la Junta Municipal, Edgar Vera y Aragón, negó haber proferido amenazas. Aseguró que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que lo que dijo fue: “Esto no va a terminar bien”.
Vera y Aragón dijo que se expresó de esa manera porque, una vez que finalice la investigación por lesión de confianza y daño patrimonial, querellará a las ediles por difamación y calumnia.
Sirvió para pago de dietas de ediles
Además, defendió la operación de venta del matadero municipal, alegando la necesidad de trasladar el matadero de la compañía Ñuati porque ocasiona contaminación. Fue más lejos aún al revelar que “gracias a la venta se pagaron las dietas atrasadas de varios concejales, incluyendo a las denunciantes, por un monto cercano a G. 30 millones por edil”.