La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Asunción, encabezada por el director interino, Jorge Cantero, justificó hoy, en sesión de la Junta Municipal, más de 4 años de inacción del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), ante la ocupación de un terreno de 6.000 m². ubicado sobre la avenida Aviadores del Chaco y con un valor estimado de US$ 5 millones. El predio, que debía ser recuperado, había sido cedido en plena dictadura al Centro de Acción Social Universitaria (Casu), que lo vendió a terceros, pese a la expresa prohibición de una ley, un decreto y una ordenanza.
Según explicó Juan José Armoa, integrante del equipo asesor, en el año 2017, la Junta Municipal había dejado sin efecto el artículo 2° de la ordenanza que establecía la prohibición de grabar o vender la propiedad y la obligación de devolverla en caso de incumplimiento de las condiciones. La modificación de ese artículo había sido vetada por el entonces intendente, Mario Ferreiro y el veto fue confirmado por la misma Junta Municipal.
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Armoa agregó que ese veto fue objeto de dos sentencias desfavorables, una ante el Tribunal de Cuentas en el año 2018 y otra ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 31 de diciembre de 2020. Con esta decisión, según Armoa, la Corte “anuló el veto“, por lo que la ordenanza quedó modificada, dando pie a la venta de esas tierras.
A más de cuatro años de la usurpación, Cantero justificó la demora al señalar que por tratarse de un "juicio complejo" requerirán la autorización de la Intendencia, actualmente en proceso de intervención. Cantero alegó que la Ley 317/94, no otorga al interventor la atribución de autorizar este tipo de procesos. Agregó que por este impedimento, se limitarían a “dejar por escrito las recomendaciones para el avance en el proceso judicial para que se pueda avanzar sobre eso, después de la intervención”, dijo.
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Que se inhiban y que actúe Procuraduría, dijo Blasco
El concejal Humberto Blasco (PLRA) criticó severamente la actitud derrotista de la Dirección de Asuntos Jurídicos frente a la defensa de un patrimonio de la Municipalidad, protegido por una ley que no fue objeto de litigio y que sigue vigente.
“Si está desmoralizada la Asesoría Jurídica, es mejor que miremos a otros abogados, o a la Procuraduría General de la República (PGR), porque finalmente es una ley la que se viola. Pero los compañeros tienen que inhibirse, tienen que decir 'no me animo’, y tienen miedo y buscamos a otro", criticó.
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Blasco señaló que la venta de las tierras constituye una flagrante violación de la ley, y que, pese a lo que diga la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la situación podría revertirse. “No podemos ir a la guerra con soldados que ya están derrotados antes de pelear”, dijo.
El liberal criticó que la gran cantidad de profesionales con la que cuenta la Dirección de Asuntos Jurídicos no se compadece con los resultados. "Todo es perder pleitos“, agregó y recordó varios casos similares en los que, en otros periodos de Gobierno Municipal se recuperaron. “Que se inhiban y que se busque a alguien que se anime, y si nadie se anima, busquemos afuera, porque esto es batallable (sic). Se ha violado la ley, como es que no entienden", dijo Blasco al señalar que la operación de venta del inmueble está viciada de origen.
Intervención debe actuar, dijo Grau
El concejal Álvaro Grau (PPQ) dijo que es mentira que el interventor, Carlos Pereira, no puede actuar en esta situación y agregó que no solo puede sino que es su obligación hacerlo para proteger un bien de los asuncenos. “Tampoco acepto que nos digan que es un juicio complejo, porque acá no tenés que hacer una investigación para recabar demasiadas pruebas", dijo.
Grau señaló que lo primero que debería hacerse es una medida cautelar de prohibición de innovar y nueva transferencia, notificar de eso a la Dirección Nacional de Registros Públicos y a la Dirección Nacional de Catastro. Criticó que la administración de Rodríguez haya estado cobrando impuestos al supuesto comprador de las tierras, reconociendo que ya no son los titulares, actitud que calificó de entreguista.
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Grau pidió que en el juicio se identifique a todos los responsables de la usurpación y no solamente a los directivos del Centro de Acción Social Universitaria (Casu). “Acá hay mucha gente que estuvo metida y por eso llegamos a esta instancia”, criticó.
El concejal opositor propuso además que la Junta Municipal exhorte al interventor a iniciar el juicio y la medida cautelar o que de lo contrario se presente un dictamen jurídico para deslindar las responsabilidades. “En todo caso que sea la justicia la que nos diga que no podemos iniciar el juicio, pero hagamos. Lo peor que podemos hacer es no intentar, porque así se sigue consumando el atropello que se hizo con este bien", remarcó.
“Declaremos so’o”, dijo Pintos
El concejal Javier Pintos (ANR-cartista), quien promovió la convocatoria de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dijo que espera el patriotismo de los asesores. “De lo contrario declaremos so’o, y que vengan los aprovechadores, la gente de mala fe, a hacer uso y abuso, ya que tienen cancha libre“, dijo.
Criticó que una organización privada se esté enriqueciendo con un bien municipal que se le dio gratis. “Están lucrando con un patrimonio municipal“, dijo Pintos y criticó que la organización haya tenido el tupé de preguntar si la comuna haría uso de "preferencia" a la hora de vender el terreno.
Pintos recordó que al menos cuatro instancias gubernamentales actuaron con buena fe con la organización, para que finalmente ella se haya aprovechado al usurpar el predio cedido.