El conflicto que desde hace más de un año enfrenta a productores de yerba mate y a mineros en Paso Yobái, departamento de Guairá, suma un nuevo capítulo con la acusación de parcialidad del Ministerio Público formulada por el abogado Juan Carlos Decoud, defensor del dirigente yerbatero Vidal Brítez, imputado por supuesta coacción grave.
Según Decoud, mientras la causa por la protesta que derivó en la imputación de Brítez y otros productores avanza con celeridad, las denuncias por daños ambientales y explotación aurífera sin licencia permanecen sin avances significativos, a pesar de haberse presentado desde febrero de 2024.
“Ante la falta de respuesta del Ministerio Público, los defensores ambientales recurrieron a una protesta en un camino vecinal que conduce al lugar donde se realizan las obras de excavación que afectan a un arroyo. Frente a esto, el Ministerio Público imputó a los denunciantes en marzo de 2025”, señaló Decoud en un escrito.
El abogado sostiene que su defendido, Vidal Brítez, presidente de una Asociación de Yerbateros de Paso Yobái, no participó de los incidentes que se produjeron en el camino vecinal durante una manifestación, y que existen pruebas para su coartada. Mencionó datos de localización de su teléfono celular, entrevistas radiales y testimonios de al menos seis personas que no han sido valorados aún por la fiscalía.
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La defensa presentó documentos de arraigo —títulos de propiedad, acta constitutiva de la asociación, facturas de venta de yerba mate— y solicitó que se le permita trabajar durante la zafra iniciada en julio, pero el juzgado consideró que no son suficientes para modificar la medida de arresto domiciliario.
Antecedentes
El 26 de marzo de 2025, Vidal Brítez Alcaraz, presidente de la Asociación de Yerbateros de Paso Yobái, fue detenido por la Policía Nacional tras protestas contra la expansión minera en la localidad, acusado de coacción grave al bloquear maquinaria de extracción de oro durante una manifestación entre el 10 y el 13 de enero.
La orden de captura fue firmada por los fiscales Martín Escalada, Osvaldo Mora y Rodrigo Vázquez, y ejecutada por la Comisaría 15ª durante un control rutinario en el barrio Itaiby.
Varias organizaciones, incluida la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y Amnistía Internacional, calificaron la detención como arbitraria y como una estrategia de criminalización del activismo ambiental.
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Un desvanecimiento ocurrido en su celda de la Comisaría 5ta- Ybaroty el 29 de marzo motivó su traslado al Hospital Distrital de Villarrica, donde permaneció internado debido a su delicado estado de salud y su condición de asmático.
El 2 de abril de 2025, el Juzgado Penal de Garantías del 4º Turno de Villarrica, encabezado por el juez Juan Antonio Ruíz Díaz Gamba, inició la revisión de las medidas cautelares, tras solicitudes de la defensa y sectores sociales que exigían que Brítez fuera liberado bajo arresto domiciliario.
La defensa planteó la desproporcionalidad de la prisión preventiva, resaltando su arraigo comunitario, su estado de salud y el inicio de la zafra de yerba mate, su principal fuente de sustento.
La respuesta del Ministerio Público
El fiscal Martín Escalada, coordinador de la causa por coacción, negó cualquier sesgo. Explicó que la investigación sigue su curso y que ya se recibieron múltiples declaraciones testificales, además de informes de empresas de telefonía con datos de llamadas y ubicación de antenas del 10 de enero, fecha de los hechos.
Estos serán analizados por el laboratorio forense antes de septiembre, cuando vence el plazo de la etapa preparatoria, indicó Escalada.
Sobre el peritaje del celular del propio Brítez, Escalada indicó que la defensa no lo solicitó formalmente, pero que existe tiempo para hacerlo y que todos los elementos de descargo serán evaluados.
Con respecto a la inclusión de más testigos en la causa, indicó que en la última audiencia se acordó coordinar la citación de estos para comparecer ante el Ministerio Público mediante sus respectivas direcciones o números de teléfono, pero esta diligencia no avanzó por parte de los interesados. Añadió que ningún testigo será excluido de la investigación, puesto que la Fiscalía tiene la obligación de incorporar todos los elementos de descargo que el propio equipo o la defensa técnica consideren convenientes.
Por su parte, la fiscal Jadiyi Ortiz, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, también negó las acusaciones de inacción planteadas por la defensa de Brítez. Explicó que desde que asumió el cargo en abril ha impulsado allanamientos, toma de muestras y pedidos de informes al Ministerio del Ambiente (Mades) y al Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) en causas relacionadas con Paso Yobái.
La fiscal también señaló que en los últimos meses se realizaron más de ocho allanamientos por distintos tipos penales ambientales, como explotación minera sin licencia, contaminación de arroyos y tala de bosques, y que casi todos los casos dependen de análisis laboratoriales para avanzar en la imputación de responsables.
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Específicamente, sobre los hechos que denunciaron Vidal Brítez y otros yerbateros imputados, aseguró que también se avanzó con varias diligencias. Igualmente está requiriendo los informes de las instituciones correspondientes para dar continuidad al proceso, según indicó.