El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú elevó a juicio oral y público la causa que afrontan la funcionaria de la financiera “Finlatina” Milca Elizabeth López González, de 29 años; y el tarotista Diego Fernando Parra Arboleda (42), acusados como coautores de supuesta estafa mediante sistemas informáticos; y en el caso de la empleada sindicada además por los delitos de acceso indebido a sistemas informáticos y alteración de datos relevantes para la prueba.
La acusación presentada por la fiscala Lorena Ledesma y sostenida en la audiencia preliminar por la fiscala Ruth Benítez, los acusados concretaron 610 operaciones fraudulentas a través del sistema financiero de “Finlatina”, todas ellas porque la funcionaria Milca Elizabeth López González utilizó la tarjeta de crédito que está a nombre de un cliente de la financiera, a la par que realizaba operaciones para su beneficio patrimonial.
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El Ministerio Público sostiene que la funcionaria acusada aprovechó que se desempeñaba en el Área de Medios de Pago de la financiera en cuestión, y activó la tarjeta de crédito que fue asignada a uno de los clientes de la firma, en atención a que este había rechazado el producto ofrecido, por lo que FINLATINA no había autorizado su uso.
Del total de las operaciones fraudulentas realizadas desde el 16 de mayo de 2023 hasta el 22 de febrero de 2024, unas 54 operaciones de pago fueron materializadas con la participación y ayuda del tarotista Diego Fernando Parra Arboleda, pues fueron esas las ocasiones en las que Milca López utilizó la tarjeta de crédito asignada a un cliente de la financiera para efectuar pagos por valor de G. 1.212.400.000.
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Acusación contra tarotista y empleada de financiera
La acusación fiscal señala que la funcionaria Milca López se apropió de la tarjeta de crédito y la utilizó como medio de pago y como medio de obtención de dinero en efectivo a través de cajeros automáticos, desde el 18 de octubre de 2022 hasta el 24 de febrero de 2024, consistentes en 610 operaciones indebidas de pago de servicios y extracciones de dinero en efectivo de cajeros ATM , totalizando la suma de Gs. 1.774.042.269 mediante el uso indebido de la Tarjeta de Crédito que fue impresa a nombre de un cliente de FINLATINA.
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Los pagos fueron concretados por medio de la utilización del dispositivo de pago en línea conocido como “POS 8”, utilizado por el tarotista Diego Parra para el cobro de pagos o venta de sus supuestos servicios como comerciante, de acuerdo con la hipótesis sostenida por el Ministerio Público en la acusación.
Dicho dispositivo POS en el sistema de medios de pago electrónicos, asignado como comercio “Karina Acosta Diego Parra”, fue el medio utilizado por el cual se recibió la suma de G. 1.212.400.000 en 54 operaciones de pago con la tarjeta de crédito que la funcionaria Milca Elizabeth López González tenía en su posesión.
Estas 54 operaciones fraudulentas fueron disimuladas como operaciones de cobro de pago de ventas y/o servicios que se pretendieron relacionar con las actividades comerciales desarrolladas por Diego Parra, quien posee dos locales comerciales sobre Astrología, Tarot y afines; y otro comercio individualizado como “Peluquería”, en la ciudad de Asunción.
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Empleada llevaba una vida lujosa
Los más de G. 500 millones que Milca López no desvío a través del tarotista Diego Parra y su pareja se presume que habría destinado a una vida de lujos, ya que se maneja que mantenía un nivel de vida alto y como prueba de ello se cuenta con comprobantes de compras.
La fiscala Ruth Benítez comentó que en un día de shopping llegó a gastar hasta G. 60 millones en la adquisición de artículos personales. Al respecto, la agente destacó el sistema financiero que facilita la trazabilidad del dinero en este tipo de hechos punibles económicos.
También señaló que el caso denota una omisión de los gerentes de la financiera que estaban a cargo de la empleada infiel, quienes debían haber descubierto el millonario perjuicio al ejercer un control.
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En el caso de Karina Acosta, esposa del tarotista, también procesada en la presente causa; la misma tendrá este miércoles su audiencia preliminar ante el juez de Garantías Humberto Otazú, para analizar el pedido de sobreseimiento provisional planteado por el Ministerio Público.