La venta directa del matadero municipal, ubicado en la compañía Jorge López Moreira “Ñuatí”, fue otorgada a la supuesta sobrina y prestanombre del senador Ramón Retamozo, Andrea María Graciela Martínez Villalba. Esta operación representó un revés para el intendente Marcelo Simbrón y un grupo de siete concejales municipales, quienes aprobaron la venta del terreno de 11.543 metros cuadrados por G. 415.550.437. La transacción se concretó el 18 de enero de 2025, según los datos.
Los concejales Edgar Vera y Aragón (presidente de la Junta Municipal), Andrés Báez, Luis Almada, Eduardo Fernández y Diego Samudio (todos colorados), así como Tomás Duarte (PLRA), aprobaron la venta mediante la Resolución J.M. N° 676/2025.
Ante esta situación, las concejalas coloradas Sara De Vigille y María Cristina López promovieron una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos por el supuesto hecho de lesión de confianza, argumentando que el inmueble fue vendido a un precio irrisorio a una persona vinculada al senador Retamozo.
Las denunciantes sostienen que, mediante tasación, descubrieron que el predio está valorado en más de G. 6.000 millones, mientras que fue vendido por poco más de G. 415 millones. Enterados de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, la mayoría de los miembros de la Junta Municipal resolvieron rever su postura y derogar la Resolución J.M. N° 676/2025 mediante la Resolución N° 794/2025, con excepción del concejal Andrés Báez, quien no participó de la sesión.
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El terreno en cuestión está individualizado con cuenta corriente catastral N° 25-0215, Finca Nº 1528, Lote Nº 01. Se encuentra ubicado en la compañía Ñuatí del distrito de Paraguarí, a unos cien metros de la vía circunvalatoria de la ruta PY01.
Intendente “fue mal asesorado”
Un concejal municipal, que pidió mantener su identidad en reserva, manifestó que alguien le asesoró mal al intendente Simbrón al referirse al reconocimiento público que hizo a través de una radioemisora de la zona de que Retamozo es el comprador directo. Dijo que “eso sería difícil de probar”.
La afirmación de Simbrón habría generado un quiebre político entre el jefe comunal y el senador, aunque no así con los concejales, quienes seguirían respaldando al legislador. El jefe comunal incluso describió la estrategia utilizada para que el legislador pudiera adquirir el predio del matadero.
Indicó que las declaraciones de Simbrón habrían sido alentadas por el ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, generando temor entre los concejales oficialistas. Según dijo, periodistas afines al ministro estarían utilizando medios radiales y digitales para presionar a los ediles, motivo por el cual algunos decidieron revocar la venta.
Ahora, le corresponde al intendente Simbrón buscar una salida legal, ya sea devolviendo el dinero o enfrentando un litigio con la compradora oficial, Andrea María Graciela Martínez Villalba. La mujer presentó una denuncia ante el Ministerio Público en la que no solo reclama la posesión del terreno, sino también que se le vendió a un precio exagerado, ya que se aplicó una tasa tributaria correspondiente a un terreno urbano, mientras que el inmueble aún figura como rural.
Reveladoras declaraciones de Simbrón
El intendente Marcelo Simbrón, en entrevista con una radioemisora de la ciudad de Paraguarí, reveló que la venta del matadero municipal se concretó con el senador Ramón Retamozo. Sin embargo, la factura se expidió a nombre de Andrea María Graciela Martínez Villalba, supuesta sobrina y prestanombre.
Intentó explicar la maniobra para la venta, señalando que “el matadero fue fraccionado” para regularizar la situación de ocupantes que ya vivían en los alrededores del inmueble. Mencionó, además, que el senador Retamozo “vino a presionar” para cerrar el trato a un precio menor, por el predio del matadero.
El ejecutivo comunal manifestó: “Si era por mí, yo iba a vender por G. 10.000 millones, pero él es el que vino a presionar, quería más barato. Al parecer, quería gratis. Pero se vendió de acuerdo con la ordenanza tributaria, a G. 40.000 el metro cuadrado”, declaró.
Simbrón defendió el procedimiento, señalando que existe un contrato de compraventa firmado tras la aprobación de la Junta Municipal. Agregó que los pasos legales se estaban siguiendo, incluso en cuanto a la devolución del dinero.
Pero ahora, sus leales dejaron sin efecto la venta. Los concejales que habían aprobado la Resolución J.M. N° 676/2025 para la venta directa del matadero municipal son el presidente de la Junta Municipal, Edgar Vera y Aragón; Andrés Báez, Luis Almada, Eduardo Fernández y Diego Samudio, todos ellos colorados, y Tomás Duarte (PLRA).
“Esto puede ser un retraso administrativo; no existe voluntad de estafar a nadie. Lo que veo es que existe mala intención detrás de estas acusaciones”, expresó el jefe comunal.
Presunta sobrina de senador recurre a acciones legales
La compradora presentó un escrito ante el Ministerio Público en el que solicitó el acceso a la causa penal y diligencias en torno a la Finca Nº 1528, iniciada atendiendo la denuncia presentada por dos concejales. Además, pide una investigación exhaustiva de la zonificación del inmueble y la existencia de ordenanzas municipales vigentes, porque se siente estafada.
Además, insta a que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) informe sobre eventuales sumarios, sanciones o recomendaciones para el traslado del matadero municipal, así como datos sobre licencias y autorizaciones vinculadas.
La denuncia incluye también un pedido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial para la remisión de copias del expediente que contiene una “Anotación Preventiva” sobre el inmueble.
Martínez Villalba solicita que se convoque al ingeniero Lothar Clauss Arnold Ayala para declarar sobre el plano de fraccionamiento que realizó para la Municipalidad, y al ingeniero agrónomo René Solalinde M., autor de un dictamen pericial que señala que el valor real del inmueble superaría los G. 6.000 millones.
Asimismo, pide a la Dirección General de los Registros Públicos una copia autenticada del título de propiedad de la Finca Nº 1528, registrada a nombre de la Municipalidad de Paraguarí desde 1972. Requiere también un informe sobre posibles transferencias marginales, con detalles de fechas, compradores, montos y superficies vendidas, así como al Servicio Nacional de Catastro, la remisión de planos georreferenciados y datos sobre la superficie total del terreno.
Buscan desviar del tema, dice Baruja
El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, manifestó: “Yo no soy el intendente ni el concejal que vendió el matadero. Ellos buscan desviar del tema”.
Agregó que todos los funcionarios públicos “estamos expuestos a ser investigados y ellos deben demostrar con documentos si obraron bien o mal, y en este caso hay una denuncia firmada por dos concejales, no por mí”.
Finalmente, dijo: “Yo también tuve denuncias —sin entrar en detalles— y me defendí; no estuve llorando por ahí. El que nada debe, nada teme”, acotó.
Otros involucrados en el fuego cruzado no accedieron a brindar declaraciones.