Ministro de la Corte admite fallas graves en control judicial del caso “mafia de pagarés”

Eugenio Jiménez Rolón, ministro de la Corte Suprema de Justicia, reconoció que las prácticas irregulares dentro del Poder Judicial favorecieron el esquema conocido como la “mafia de los pagarés”. Señaló como elementos críticos la falta de control sobre las notificaciones, el abuso de embargos salariales y la omisión en la custodia de documentos originales. “No es un problema de la ley, sino de su aplicación”, afirmó el magistrado.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, habló sobre la crisis que genera el esquema conocido como la “mafia de los pagarés”, que afecta a miles de paraguayos con embargos salariales masivos por deudas dudosas o inexistentes.

Según datos presentados por la Coordinadora de Víctimas, al menos 17.000 personas habrían sido perjudicadas por este modelo fraudulento.

Jiménez afirmó que uno de los principales problemas se origina en la falta de control sobre los títulos ejecutivos. Indicó que ningún acreedor debería poder ejecutar un pagaré si no pone a disposición el original del documento. Para evitar fraudes, propuso como alternativa que estos se depositen en la secretaría del juzgado o que el abogado asuma la responsabilidad penal de su custodia si los retira.

Otro punto sensible es el uso excesivo de embargos. El magistrado recordó que legalmente solo se puede retener hasta el 25% del salario, pero que, en la práctica, algunos jueces autorizan varios embargos simultáneos que superan ese límite.

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Señaló que cuando un nuevo mandamiento llega a la institución que paga el salario, esta debe informar si ya se alcanzó el tope permitido, algo que muchas veces no se cumple.

“Esto no es problema de la ley, es un problema de la práctica. La Corte no puede levantar embargos de oficio porque no tiene competencia para ello”, afirmó.

Notificaciones falsas y falta de control

El ministro también denunció que en varios expedientes judiciales aparecen cédulas de notificación firmadas por ujieres que afirman haber dejado avisos sin saber si eso es real o no.

Esto, según dijo, pone en riesgo el derecho a la defensa y puede invalidar procesos enteros. Consideró que es necesario depurar la función de los ujieres judiciales y aplicar sanciones para recuperar la confianza en el sistema.

“La superación completa de este tema va a ser el día en que se haga una depuración de ujieres y los que han incurrido en faltas graves, sean objeto de sanción correspondiente. Que todos los ujieres actúen honestamente", sentenció.

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