Carlos Romero, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), explicó este lunes que las cooperativas no cuentan con una ley o normativa de garantías, pero se trabaja al respecto. Esto es lo que más preocupa a ahorristas de las entidades sancionadas por falta de control antilavado.
Explica que es necesaria una ley y que para que eso se dé, se necesita que las condiciones estén dadas. “Tiene que partir del propio Congreso y se tienen que establecer las normas de un sistema de protección, como los que tienen los bancos”, sostuvo.
Respecto a las cooperativas intervenidas, manifestó que se debe resolver caso por caso y que el más notorio es el de la Cooperativa Policial Poravoty, por una inconsistencia en su sistema de declaración jurada y por lo cual se inició una investigación.
“Las cooperativas son sociedades autónomas y autárquicas, protegidas por ley. Nosotros tenemos un margen normativo de control general de la situación”, explicó.
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Agregó que el socio de la cooperativa no es un cliente, es el dueño de la entidad, que es el principio básico y de donde parte el primer posicionamiento, mientras que el Incoop es el ente que recibe y traslada las denuncias a las autoridades.
Dijo que lo que se cancela es la capacidad de operar, no la personería jurídica, como primera medida. Se debe nombrar una comisión liquidadora integrada por los socios de la cooperativa, con un contralor con voz, pero sin voto, con el fin de ir “arreglando” el sistema de pago de deudas.
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Aclaró que sí existe un sistema de protección de ahorros establecido por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Intervención de la Cooperativa Policial Poravoty
“La intervención habla de un patrimonio negativo de unos G. 295 mil millones. Vendiendo todos los activos nos falta unos G. 600 mil millones. Es lo que refleja la entidad”, manifestó.
Cooperativa Poravoty cuenta con 12.000 socios, entre ellos, funcionarios policiales, jubilados retirados, jubilados en actividad y expolicías, con una cartera de ahorro de más de G. 320.000 millones, y un déficit de unos U$S 30 millones, indicó.
Finalmente, indicó que el Incoop realizó tres denuncias ante la Fiscalía y una ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes(Seprelad), sin embargo, no hay imputados y la investigación no avanza.