El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, habilitó esta mañana la planta baja del nuevo edificio en construcción de la sede del Ministerio Público en la ciudad de Encarnación. El edificio se encuentra entre las calles Mujer Paraguaya y Jóvenes por la Democracia, en la capital de Itapúa.
La culminación de las obras del edificio, que tendrá 11 pisos, está prevista para el próximo año, según manifestó Rolón. El titular del Ministerio Público comparó a la institución con una “familia pobre” que debe acostumbrarse a las precariedades y “acomodarse donde puede” con lo que tiene, según refirió.
Además, explicó que será la primera sede autónoma en el interior, realizada con recursos del propio Ministerio Público, una vez terminada la obra.
El proyecto incluye la equipación de un laboratorio forense, que será el primero en estar operativo en la región y que incluso concentrará procedimientos de todos los departamentos del sur.
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La fiscal adjunta de Encarnación, Fabiola Molas, indicó que esta sede, todavía inconclusa, albergará el Centro de Atención a Víctimas, el Centro de Documentación, la Oficina de Denuncias, salones de reuniones, entre otras dependencias administrativas.
Construcción retomada
La sede propia de la Fiscalía en la ciudad de Encarnación es una obra que había sido abandonada por la empresa adjudicada anteriormente.
Estuvo a cargo del Consorcio B&B, por el contrato N.º 205, por un monto total de G. 28.493.269.205. El Consorcio Bauman y Beta (B&B), de Asunción, estuvo representado legalmente por Rodrigo Benítez Barriocanal.
El inicio de obra data del 11 de diciembre de 2012. El 12 de abril de 2018 fue emitido el dictamen de rescisión del contrato por incumplimiento por parte de la empresa adjudicada con la obra. Los trabajos fueron retomados por otra empresa, que está a cargo desde el 25 de junio de 2024.
La obra actual de culminación de la construcción está adjudicada a la empresa Aponte Latorre S.A., por un monto de G. 8.150.000.000. La empresa, con sede en Asunción, está representada legalmente por Carlos Diógenes Latorre García y Osvaldo Aponte Rodríguez. El contrato prevé la finalización para el 31 de diciembre de 2025.