El hoy procesado y con prisión preventiva en el caso A Ultranza, José Fernando Darío Estigarribia Cistaldo (36), alias La Maldad, ingresó al Ministerio Público en el mes de julio del año 2013, como funcionario permanente. Llegó el sábado a Paraguay, deportado de Emiratos Árabes Unidos, donde fue detenido tras estar prófugo por tres años.
Al principio cumplió funciones como secretario fiscal en la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, según indicaron fuentes.
José Estigarribia formó parte de la Fiscalía, hasta mayo del año 2017. Pues, había presentado su renuncia a la institución encargada de la acción penal y poco después se habría integrado a una megaorganización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.
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Once meses después, desde Brasil, el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera ingresó el 8 de abril de 2018 al departamento de Alto Paraná, del territorio paraguayo. Su entrada se produjo a la 1:55, por el Puente Internacional de la Amistad. Esto, haciendo uso de su pasaporte original y tras haber recuperado su libertad al compurgar su condena por tráfico de drogas, cometido el 11 de octubre de 2013.
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Luego, entre 2018 y 2019, Sebastián Marset registró movimientos migratorios de entrada y salida. En ese tiempo, entró a Paraguay bajo la identidad de Gabriel de Souza Beumer, utilizando pasaportes brasileño y boliviano, indistintamente. Su último ingreso, y definitivo, se registró por el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a las 0:51 del 18 de octubre de 2019, con su documento boliviano, procedente de Colombia, según la Acusación de A Ultranza.
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Se presume que en ese lapso Sebastián Marset llevó a cabo los preparativos para operar desde Paraguay, para el tráfico internacional de cocaína. Esto, bajo la fachada de un “exitoso empresario de artes y espectáculos”, de hecho, para sostener esto constituyó la empresa “Mastian Productions”.
Es además en este mismo periodo que se sospecha que José “La Maldad” Estigarribia, habría pasado a integrar la estructura criminal del hasta hoy prófugo Sebastián Marset. Para los investigadores del caso A Ultranza, Estigarribia se desenvolvió como “secretario” y como supuesto colaborador para el lavado de activos de Marset.
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Gimnasio y restaurante dedicados al lavado, allanados en operación A Ultranza
De acuerdo con datos de la imputación fiscal, José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, habría integrado el bloque empresarial dentro de la estructura de Sebastián Marset. En tal sentido, a Estigarribia se lo vincula con base en la investigación a la marca “Team Force Training Center” del ámbito de las artes marciales mixtas, y la marca “Woko”, del ámbito gastronómico.
La infraestructura relacionada al centro de entrenamiento, fue creada e inaugurada en mayo de 2021. Para el Ministerio Público, la empresa se erigió mediante capital aportado por Sebastián Marset, proveniente de las ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas.
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Así, a fin de asegurarle a Marset el disfrute de sus beneficios ilícitos, José Estigarribia emitió facturas de ese centro, por medio de su empresa unipersonal “JEC Sport Management”.
La firma “Woko” por su parte, también habría sido producto del capital de Marset, solo que la misma estaría registrada a nombre de terceras personas.
En tal sentido, la imputación refiere que José Estigarribia “le brindó su marca, sus conocimientos y trayectoria en el ámbito de las artes marciales y también sus cuentas bancarias, con el objeto de crear ‘empresas’ de fachada que no levanten sospechas”, en relación a la operativa de Marset en Paraguay.
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Viajes con el considerado primer anillo de Marset
La investigación hecha por agentes especiales de la Unidad de Investigación Sensible de la Secretaría Nacional Antidrogas (SIU-Senad), recogió datos relacionados a viajes hechos por José Estigarribia con Sebsatián Marset y otros miembros más de la estructura que lideraba el último.
Entre el 17 y 21 de abril del 2021, el uruguayo Sebastián Marset, el empresario Alberto Koube Ayala, su pareja María Noelia Colmán Alarcón, José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, y Federico Ezequiel Santoro Vassallo, viajaron desde Asunción a Dubai y se hospedaron en un mismo hotel. El viaje, habría sido con el fin “abrir puertas” para la disciplina “MMA” (artes marciales mixtas).
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Es preciso señalar que Alberto Koube Ayala, representante de la firma “Tapyracuai SA”, así como su pareja Noelia Colmán, fueron detenidos el 22 de febrero de 2022, durante los varios allanamientos hechos en el marco de la operación A Ultranza. Mientras que Federico Santoro, fue detenido en agosto de 2023, en Alto Paraná.
Koube y Colmán, forman parte del primer grupo de personas acusadas en esta causa y actualmente afrontan juicio oral y público. En tanto que Santoro, fue extraditado a los Estados Unidos, donde hizo delación premiada y fue condenado a 15 años de cárcel.
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“La Maldad” sometido la justicia paraguaya, tres años después
El exfuncionario del Ministerio Público y exsecretario de Sebastián Marset, José “La Maldad” Estigarribia, si bien no fue incluidos en el grupo de primeros imputados en el caso A Ultranza, logró huir antes de que se ejecuten los más de 100 allanamientos en territorio paraguayo.
Sin embargo, luego de tres años, fue capturado en un allanamiento efectuado a las 2:00 del 25 de junio, en su departamento de Dubái. De esto, se notificó a Paraguay recién el 4 de julio. Para el caso de Estigarribia, no se iniciaron los trámites para una extradición, como sí ocurrió en los casos de Miguel “Tío Rico” Insfrán y Gianina García, pareja de Marset.
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Entonces, el proceso al cual fue sometido José Estigarribia fue una deportación sustanciada el sábado 26 de julio de 2025. Como el país requirente es el que se hace cargo de los gastos de pasaje y traslado, el Poder Judicial fue el que se hizo cargo de todo lo relacionado a Estigarribia.
El deportado José Estigarribia arribó a Paraguay a las 10:40 al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, desde donde - por disposición de la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía - fue trasladado en helicóptero hasta la Agrupación Especializada de la Policía, donde el fiscal Deny Yoon Pak le tomó audiencia indagatoria, en la que Estigarribia se abstuvo a declarar, y la magistrada dictó su prisión preventiva en su audiencia de imposición de medidas, en el pabellón de máxima seguridad del Centro de Reinserción “Martín Mendoza” de Emboscada.
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Costos pagados por el Estado Paraguayo
La jueza Rosarito Montanía señaló a ABC Color que la empresa Fly Emirates “es la única que puede sacarle a una persona extraditada, expulsada o deportada de Emiratos”. La aerolínea, en el marco del proceso de deportación, le impuso un requisito al Estado paraguayo para cumplir con el procedimiento.
En este contexto, la firma aérea impuso que tres personales de seguridad de la misma debían acompañar a la comitiva de Interpol-Paraguay, que traería a José Estigarribia a nuestro país. Pero, el Estado Paraguayo quedaba a cargo de pagar los viáticos y pasajes de los funcionarios de Fly Emirates.
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A fin de contar con la presencia y el sometimiento de Estigarribia a la justicia paraguaya, el Poder Ejecutivo desembolsó y pagó la suma de G. 220 millones en concepto de viáticos y pasajes para los de seguridad de la aerolínea. Estos, sin embargo, solo acompañaron a la comitiva hasta la última escala hecha, no así hasta el destino final que era Paraguay.
La jueza Montanía resaltó el apoyo del ministro del Interior, Erique Riera, con averiguaciones sobre la nacionalidad y documentación extra que podría tener el deportado, teniendo en cuenta el viaje que debía realizar la comitiva y las escalas técnicas en Brasil, luego al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y de ahí al Aeroparque Internacional Jorge Newbery, estos dos últimos en Argentina. Desde este país hasta Paraguay, el traslado de Estigarribia fue en un avión de Paranair.