La jueza penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Rosarito Montanía, declaró la incompetencia de su juzgado para entender la causa penal relacionada a las transferencias de cuatro inmuebles, entre el procesado en Pavo Real Py II y hijo del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes, y su abogado defensor Óscar Tuma. Por medio del auto interlocutorio (AI) N° 158, la magistrada dispuso remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que determine a que juzgado debe atender el caso,
En este caso, los fiscales José Martín Morínigo, Diana Gómez y Francisco Cabrera, imputaron el jueves 24 de julio a Alexandre Rodrigues Gomes y al abogado Óscar Tuma, por presunto lavado de activos; en tanto que a Alcira Rodríguez, funcionaria de la Dirección General de los Registros Públicos, por alteración de datos, acceso indebido a slstemas informáticos y alteración de datos relevantes para la prueba.
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La acción del Ministerio Público cayó en el juzgado penal de garantías a cargo de José Agustin Delmás, quien se inhibió al considerar que los hechos punibles imputados son competencia exclusiva del fuero Especializado en Crimen Organizado. Por esto es que la causa fue al juzgado de Rosarito Montanía.
La magistrada Montanía impugnó la inhibición de su colega, lo que generó un conflicto de competencia. Ante esta situación, todas las actuaciones se remiten a la Corte Suprema de Justicia que es la encargada de resolver estación cuestión. Hasta tanto no se destrabe la misma, la imputación aún no se encuentra firme.
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