Aunque los casos nuevos han disminuido, muchas víctimas aún enfrentan embargos de salarios derivados del escándalo conocido como “la Mafia de los pagarés”, según reveló el abogado Jorge Rolón Luna, quien fue uno de los impulsores de la denuncia que destapó este esquema de estafa.
El abogado advirtió que la estructura mafiosa no prescindiría fácilmente de este “negocio” ilícito que anualmente le genera millones de dólares en perjuicio de personas vulnerables.
“Amerita una solución con leyes de emergencia no convencionales, no propia de lo que en algún momento se dijo, incluso desde la Corte, de que esto amerita un estudio caso por caso”, expresó.
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La mayoría de las víctimas no fue notificada
De acuerdo con Rolón Luna, el planteamiento de estudiar cada caso individualmente no es viable, ya que en la mayoría de los expedientes las víctimas no fueron notificadas, por lo que no pudieron ejercer su derecho a la defensa.
Citando un registro de afectados por el esquema, el abogado señaló que 9 de cada 10 personas embargadas no recibió ninguna notificación previa.
Enfatizó que el problema requiere una respuesta estructural. Refirió que si bien no existen soluciones procesales inmediatas que puedan resolver miles de casos al mismo tiempo, sí es posible aplicar medidas legales extraordinarias que frenen el daño mientras se reconstruye el sistema judicial responsable.
“Tal vez desde el punto procesal no existan respuestas que resuelvan miles de casos de una, pero sí se puede hablar seriamente de leyes de emergencia que -por ejemplo- suspendan todos los embargos hasta que se haga un reseteo del sistema”, subrayó.
Vulneran derechos fundamentales
El profesional del Derecho afirmó que este esquema de estafa instalado mediante el Poder Judicial vulnera garantías básicas del debido proceso y representa una grave amenaza a los derechos humanos fundamentales.
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“Esto es algo que involucra derechos humanos fundamentales porque son gente que vive de su salario, no estamos hablando de grandes empresarios”, expresó.
Aseguró que la búsqueda de justicia en torno al caso no podrá ser silenciada, ya que —según sostuvo— se trata de una causa que ha cobrado fuerza gracias al testimonio y la resistencia de las propias víctimas.