Los fiscales Juan Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Raquel Gómez, imputaron a Alexandre Rodrigues Gomes y a su abogado defensor Óscar Luis Tuma Bogado, por el hecho de lavado de activos, en relación, a las transferencias de bienes inmuebles realizadas entre ellos, pese a que Rodrigues estaba incapacitado para realizar trámites y transferencias en la causa Pavo Real PY II.
La funcionaria de la Dirección General de los Registros Públicos, Alcira Celeste Rodríguez Flores, también fue imputada, pero por los hechos punibles de alteración de datos, acceso indebido a slstemas informáticos y alteración de datos relevantes para la prueba.
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De la mujer se sospecha. según la imputación, que habría sido quien modificó los datos de Alexandre Rodrigues Gomes, en el sistema informático de Registros Públicos, “limpiando” así su perfil de la inhibición- Con esta acción es que pudieron transferir los bienes al abogado Tuma.
Los agentes del Ministerio Público solicitaron al Juzgado Penal de Garantías, la aplicación de la prisión preventiva para Alexandre y medidas menos gravosas para los otros dos imputados.
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Caso Pavo Real Py II
El 19 de agosto de 2024, los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, allanaron en forma simultánea las viviendas del entonces diputado Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, en Pedro Juan Caballero. En el marco de la causa “Pavo Real Py II”, en la cual se investiga presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Durante los procedimientos, perdió la vida el diputado Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo, Alexandre Rodrigues fue detenido. El 20 de agosto el abogado Óscar Tuma asumió la defensa de Alexandre Rodrigues, con acceso al expediente electrónico de la causa.
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Ese mismo día, los agentes solicitaron la medida cautelar de inhibición general de enajenar y gravar sobre Alexandre Rodrigues y otros imputados, Oscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona. Esto. con el fin de evitar que los imputados puedan, posteriormente, ocultar sus bienes para frustrar su eventual comiso.
El juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, decretó ese 19 de agosto la medida cautelar de inhibición general de enajenar y gravar bienes, así como el embargo y bloqueo de los bienes y dinero depositados en cuentas registradas a nombre de los imputados.
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Por la vía electrónica, la resolución del juez Osmar Legal fue comunicada a las 15:52 del 19 de agosto a la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP). El 20 de agosto, desde la institución se informó al juzgado que se cumplió lo solicitado.
El 29 de agosto de 2024, el equipo fiscal solicitó la prohibición de innovar y contratar sobre las estancias “Negla Poty” y “Pindura”, que se dispuso el 2 de setiembre de 2024. Más adelante, el 4 de diciembre, Alexandre Rodrigues Gomes fue imputado, esta vez, por narcotráfico.
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Fiscalía “se enteró” sobre transferencia de inmuebles
Las estancias denominadas “San Juan”, “María Angélica” y “Ñu Porá”, posteriormente fueron objeto de las medidas cautelares de prohibición de innovar y contratar dictadas por el juzgado, en junio de 2025.
Ya el 8 de julio de este año, los fiscales Andrés Arriola (que reemplazó a Osmar Segovia), Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, solicitaron la prohibición de innovar y contratar en relación a varios inmuebles registrados a nombre del procesado Alexandre Rodrigues Gómes. Pero, la Fiscalía también solicitó la búsqueda, localización y secuestro de vehículos de Alexandre y la sociedad que este conformó con su padre, “Salto Diamante”, a lo que el juez hizo lugar.
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Esta última decisión del juez Legal fue objeto de reposición por parte del abogado Óscar Tuma, señalando que tuvo conocimiento de que varios bienes habían sido transferidos a terceros en “debida y legal forma”, previamente a la resolución judicial dictada.
Ante el argumento expuesto por la defensa, el fiscal Andrés Arriola se constituyó en la Dirección General de los Registros Públicos el 14 de julio. En esa oportunidad constató que Alexandre Rodrigues gozaba de libre disposición de sus bienes y no estaban registradas las medidas cautelares.
Además, observó que cuatro inmuebles que anteriormente estaban a nombre de Alexandre Rodrigues se encontraban ya a nombre del abogado Óscar Tuma, lo que motivó la apertura de una causa penal el 17 de julio por parte del fiscal general Emiliano Rolón, así como la conformación del presente equipo investigador.
Alteración se hizo un día después de su registro
De acuerdo con los datos que se señalan en la imputación, el 20 de agosto de 2024, desde los Registros Públicos informaron al juzgado que se había registrado la inhibición de enajenar y gravar bienes en relación a Alexandre Rodrigues Gomes, con cédula de identidad N° 6.518.333.
Sin embargo, el 21 de agosto, a las 12:22, se detectó que Alcira Celeste Rodríguez Flores, funcionaria de la Sección Anotaciones Personales de la Dirección de los Registros Públicos, habría accedido usando su usuario con rango de “Supervisora” al sistema informático de la institución, según resultado de una auditoria interna.
La acción desplegada por la ahora imputada Alcira Rodríguez, afectó los campos de nombre, apellido y número de cédula. Según la imputación la funcionaria modificó los datos así: Alexandra Rodrigues Giménez, con cédula de identidad N° 5.183.336. Esto indujo al error en las relaciones jurídicas, pues habilitó al inhibido a disponer de sus bienes.
Nueve meses después de aquello, el 23 de mayo de 2025, la escribana Elvia del Pilar Ayala Brítez; habría obtenido certificados de libre disposición de sus bienes y constancias de que no habían inhibiciones registradas a nombre de Alexandre Rodrigues Gomes, lo que permitió la transferencia de cuatro inmuebles a su abogado Óscar Tuma, todos de Pedro Juan Caballero valorados en G. 600 millones, G. 300 millones, G. 200 millones y G. 600 millones.
Escribana fue a la cárcel para tramitar operación
Según la imputación fiscal, la escribana Elvia Ayala con registro notarial de la localidad de San Juan del Paraná, se habría constituido en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Cambyretã, departamento de Itapúa, donde Alexandre Rodrigues está recluido.
En esa operación, Alexandre Rodrigues habría dispuesto de sus bienes en favor de su abogado defensor, en carácter de dación de pago de honorarios profesionales. Con esto, Alexandre habría pretendido frustrar el eventual comiso de sus bienes, que estaban protegidos judicialmente y que habrían sido adquiridos por él mediante ganancias de hechos antijurídicos.
En cuanto a la conducta del abogado Óscar Tuma, para la Fiscalía, recibió los cuatro inmuebles mediante transferencia a pesar de que habría tenido pleno conocimiento de que los mismos estaban con medidas cautelares y sujeto a eventual comiso, con el fin de evitar esto último.