Esta mañana, el presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Gerardo Bobadilla, se presentó a una audiencia en la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, para presentar un pedido de ampliación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2025.
El pedido de ampliación alcanza unos G. 6.000 millones para poder cubrir un curso de Especialización en Argumentación Jurídica, con docentes nacionales e internacionales, que alcanzó este año a más de 1.000 magistrados y operadores de justicia. Como el curso se realizó en febrero, no pudieron incluirlo en su proyecto presupuestario del año pasado, indicó Bobadilla.
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Luego de su alocución, habló el senador Silvio “trato apu´a" Ovelar (ANR-cartista), mostrando su confianza en que se aprobaría la solicitud, debido a la buena imagen del titular del CM.
“Usted tiene una buena imagen, usted personalmente. Algunos colegas quizás sean muy diplomáticos hoy, pero yo no ando con rodeos, quizás cuando hablan de ciertas cuestiones, como de la injerencia que pueda tener un tipo averiado como Jorge Bogarín en el Consejo, yo sé que usted va a hacer valer la institucionalidad, así que va a tener el apoyo de los colegas”, afirmó Ovelar.
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Derecho UNA: Bogarín aparece en fotos con presidente del Consejo de la Magistratura
Jorge Bogarín es líder del movimiento Es Nuestro Momento de la Alianza, como candidato a miembro titular del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
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En plena campaña electoral - las elecciones son el 14 de agosto -, el declarado significativamente corrupto, aparece en varias fotografías compartiendo reuniones con sus aliados políticos, entre ellos el propio presidente del Consejo de la Magistratura, Gerardo Bobadilla.
Además, la esposa de Bogarín, la jueza Karen González, era candidata a representante docente ante el Consejo presidido por Bobadilla, pero debió bajarse tras impugnarse su candidatura, porque que violaba abiertamente lo expresado en el artículo 254 de la Constitución Nacional, que indica que los magistrados no pueden ejercer otros cargos públicos, remunerados o no, mientras duren en sus funciones.