Cordillera: más de 40 allanamientos por drogas en julio y crece la preocupación por el microtráfico

La lucha contra el microtráfico de drogas en el departamento de Cordillera parece ser una carrera sin línea de meta. En lo que va de julio, las autoridades realizaron más de 40 allanamientos en distintos distritos, con resultados que, aunque impactantes en cifras, revelan también una problemática mucho más profunda: el avance imparable del narcomenudeo y su consolidación en barrios antes tranquilos.

Uno de los allanamientos realizados en Piribebuy.
Uno de los allanamientos realizados en Piribebuy.

El subcomisario Luis Gamarra, subjefe de Antinarcóticos de Cordillera, informó que los procedimientos derivaron en detenciones múltiples y el decomiso de crack, cocaína y marihuana, esta última considerada aún la sustancia de mayor circulación en la zona. No obstante, el uso creciente del crack preocupa por su bajo costo y alto poder adictivo, que lo convierte en una trampa mortal para adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad social.

“Tenemos un monitoreo constante ante la posibilidad de ingreso de nuevas sustancias psicoactivas, como ya se ve en las zonas fronterizas”, advirtió Gamarra.

Los allanamientos realizados en este mes de julio se concentraron en Caacupé, Piribebuy, Itacurubí de la Cordillera, Arroyos y Esteros, Eusebio Ayala y Emboscada, ciudades que desde hace años vienen mostrando señales del crecimiento del microtráfico.

“En Tobatí, por ejemplo, tras el operativo del 26 de junio en el que fueron detenidos miembros del clan Rotela, se registró un descenso momentáneo en la venta de estupefacientes, pero la amenaza se mantiene latente”, resaltó el subcomisario.

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Vendedores adultos, consumidores cada vez más jóvenes

Un dato que genera especial preocupación es el perfil de quienes participan en esta cadena del microtráfico. Según reportes policiales, la mayoría de los vendedores detenidos en los últimos operativos son personas adultas, de entre 25 y 50 años. En contraste, los consumidores más frecuentes son adolescentes y jóvenes, en un rango que va desde los 14 hasta los 19 años.

Esta brecha generacional en el tráfico de drogas refleja un aprovechamiento deliberado de la fragilidad emocional, económica y social de los jóvenes, que quedan expuestos a una oferta cada vez más accesible y peligrosa.

El microtráfico persiste en varias ciudades de Cordillera.
El microtráfico persiste en varias ciudades de Cordillera.

Un problema que se dispersa y se normaliza

Más allá de los operativos policiales, lo que se evidencia es un problema que se ha instalado en las comunidades como una sombra que todo lo invade: desde las plazas, las canchas, hasta las escuelas. En muchos casos, los puntos de venta funcionan incluso dentro de viviendas comunes, pasando desapercibidos entre vecinos que, por miedo o resignación, optan por el silencio.

“El mayor obstáculo que enfrentamos es la naturalización del microtráfico. Hay barrios donde los vecinos ya no se sorprenden de ver motos entrando y saliendo de una casa cada cinco minutos”, comentó una pobladora de Caacupé bajo anonimato.

A esto se suma la escasez de políticas preventivas desde el Estado, que sigue enfocándose en la represión antes que en la recuperación o contención de los consumidores. No hay centros de rehabilitación cercanos, ni campañas sostenidas en las escuelas, ni oportunidades reales para que los jóvenes en situación de riesgo elijan otros caminos.

Colaboración interinstitucional, pero sin recursos

Desde la Dirección de Policía de Cordillera se habla de una estrategia conjunta con la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Municipalidad de Caacupé, la Comisaría Primera y la Gobernación. Sin embargo, en la práctica, los resultados de estas reuniones mensuales son limitados, más simbólicos que efectivos.

Este trabajo en red es un paso positivo, pero aún insuficiente frente a una red delictiva mucho más ágil, organizada y en constante expansión.

El silencio cómplice o el miedo paralizante

Desde la fuerza antidrogas se insiste en la necesidad de que la ciudadanía colabore con sus denuncias, que según aseguran siempre son anónimas y seguras.

Sin embargo, en los barrios donde el narco impone su ley, la desconfianza hacia las instituciones y el temor a las represalias muchas veces limitan cualquier intento de romper el silencio.

¿Hacia dónde vamos?

Los más de 40 allanamientos en apenas tres semanas no son solo una estadística llamativa, son el reflejo de un problema que supera el ámbito policial y requiere una política de Estado con enfoque integral: prevención, reinserción, salud pública, educación y trabajo.

De lo contrario, seguirán cayendo pequeños eslabones de una cadena mucho más larga, mientras el negocio de la droga se alimenta de la desesperanza, la pobreza y el abandono de numerosas familias.

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