El juez penal de Garantías Miguel Palacios resolvió esta noche, luego de tres días de audiencia preliminar, elevar a juicio oral la causa que afronta Carlos Hugo Sosa Palmerola, sindicado como instigador de la lesión de confianza en el vaciamiento de “Ara de Finanzas”, que sufrió un perjuicio de US$ 14,5 millones, de acuerdo con la acusación fiscal.
También afrontarán juicio los acusados Hugo Daniel Ortiz Barboza, Gustavo Vera Ávalos y Ana Grzechota, por la presunta coautoría en la lesión de confianza y autoría en la producción de documentos no auténticos.
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La presente causa va a juicio oral en la porción de hechos que hace referencia al faltante de US$ 250.000 más G. 2.500 millones en la sucursal de Ara de Finanzas en Salto del Guairá.
Respecto a la porción de hechos sobre el faltante en las sucursales de Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, el juez Miguel Palacios hizo lugar a la solicitud de los fiscales anticorrupción Jorge Arce y Verónica Valdez, y dictó el sobreseimiento provisional de los encausados.
Por otro lado el juzgado atendió el pedido de la fiscal adjunta Soledad Machuca y dispuso el sobreseimiento definitivo de Víctor Daniel Valdez Chamorro.
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La causa se inició en el año 2015
La presente causa comenzó en el año 2015 con el acta de imputación presentada por los entonces agentes fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción José Dos Santos, Hernán Galeano, Nadine Portillo y Josefina Aghemo; quienes en mayo del año 2017 presentaron la acusación y pedido de juicio oral para los acusados.
Según la acusación fiscal el desfalco de la financiera “Ara de Finanzas” ocurrió en noviembre de 2014 a través de 11 cheques recibidos de parte del señor Cristiano Sassaki Souza, de cuentas corrientes a nombre de su esposa Reveca Villalba, quien no tenía carpeta de cliente de la empresa.
“Estos cheques fueron recibidos supuestamente en concepto de operaciones de cambio cuando que, en realidad, fueron transacciones de créditos”, resalta parte del requerimiento conclusivo del Ministerio Público.
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Las operaciones de cambio de cheques no fueron autorizadas por la gerencia, sino por los acusados, según lo que descubrieron los agentes fiscales encargados de la investigación.