En sesión ordinaria, el pleno del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), de manera unánime, resolvió iniciar una investigación preliminar de oficio contra Édgar Adrián Urbieta Vera y Guido Ramón Melgarejo, miembros del Tribunal de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Caazapá.
La diligencia, propuesta por el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Manuel Ramírez Candia, consiste en el libramiento de oficios de parte del JEM a la circunscripción para traer a la vista un informe pormenorizado, así como los antecedentes del caso y su remisión a la Secretaría Jurídica para la conformación de una causa y los procedimientos de rigor.
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Al momento de señalar los antecedentes, el ministro Ramírez Candia, que a su vez es superintendente de la citada circunscripción judicial, señaló que se tuvo conocimiento de estos hechos el 22 de mayo de 2025, a través de publicaciones periodísticas.
Ramírez Candia detalló sobre el caso, que el 6 de junio, miembros de la comunidad de Arroyo Porã manifestaron a través de una nota que los miembros del Tribunal de Apelación actuaron correctamente. En la misma fecha los citados magistrados, integrantes del tribunal que votó por la medida, manifestaron sobre su actuación, refirió el ministro de la Corte.
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Posteriormente sostuvo que, “analizado este caso, de conformidad a lo que dispone el artículo 18 de la Ley N° 6814, en cuanto al hecho atribuido de supuestas irregularidades a otorgar medidas sustitutivas a la prisión preventiva, se puede considerar que el hecho de referencia cumple con las tres características: notoriedad, porque fue objeto de difusión por los medios de comunicación; gravedad, porque está en función al bien jurídico protegido por la ley penal, en este caso un menor de edad, y constituye a un flagelo de nuestra sociedad, está involucrado el interés social”.
Casos de jueces investigados por “la mafia de los pagarés”
Por otra parte, los miembros del Jurado también analizaron un recurso de reposición planteado por el juez de Paz de La Catedral Primer Turno, Gustavo Enmanuel Villalba Báez, contra la providencia que admitía la acusación del fiscal del órgano extrapoder, señalando como agravio que la misma se presentó en forma extemporánea.
Sin embargo, el preopinante senador Mario Varela refirió que las actuaciones en el proceso que afronta el juez de Paz Gustavo Villalba se dieron dentro del plazo, por lo que propuso el rechazo de la reposición por improcedente. La moción fue apoyada por los demás miembros del JEM en forma unánime.
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En cuanto a la causa abierta en el JEM, con relación a la jueza de Paz de La Catedral Segundo Turno, Nathalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino, se dispuso la apertura a prueba por el plazo de 20 días y se admitieron en su totalidad las pruebas ofrecidas por el fiscal acusador, Celso Ayala, y la enjuiciada.
La decisión del JEM fue asumida con base en lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 6814: “Contestada la acusación o vencido el plazo para la misma, si existiesen hechos controvertidos, el Jurado abrirá la causa a prueba y admitirá las pruebas ofrecidas por las partes, siempre que fuesen conducentes a la solución del caso”.
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Los jueces de Paz de La Catedral, Gustavo Villalba y Nathalia Garcete, tienen causas abiertas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cada uno, tanto por mal desempeño de funciones como por la presunta comisión de hechos punibles (prevaricato). Sin embargo, estos procesos están suspendidos a las resultas del proceso penal iniciado por la Fiscalía con el caso conocido como “la mafia de los pagarés”.
En forma presencial sesionaron la vicepresidenta 1ª, Alicia Pucheta; el consejero Enrique Berni, el diputado Diego Candia y el senador Mario Varela; mientras que en forma virtual lo hicieron los ministros de la Corte César Antonio Garay (presidente del JEM) y Manuel Ramírez Candia, y el vicepresidente 2° y senador Derlis Maidana. En esta ocasión estuvo ausente el diputado Alejandro Aguilera.