El extitular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Pastor Emilio Soria Melo, y otros funcionaron fueron imputados por la presunta comisión de los hechos de cohecho pasivo agravado (coima), extorsión, asociación criminal y lavado de dinero.
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armando Torres, se refirió a la solicitud que recibieron por parte de la Fiscalía, para llevar a cabo el estudio de correspondencia de bienes de los implicados.
“En fecha 8 de julio recibimos la solicitud de realización de exámenes de correspondencia sobre seis funcionarios del Senave y solicitan que una vez culminado, eso se remita al Ministerio Público, específicamente en la oficina de delitos económicos”, indicó el director de DDJJ.
A renglón seguido señaló: “Nosotros ya hemos iniciado la circularización a diferentes instituciones y estamos esperando el retorno o los informes para poder analizar una declaración jurada presentada por los funcionarios”.
“Si existen observaciones, eso se va a remitir a los funcionarios para que puedan presentar su descargo sobre eso y si se confirma o no, vamos a ver en el proceso de exámenes de correspondencia”, manifestó.
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Según detalló Armando Torres, lo más importante son los registros públicos de la NIP, donde se puede verificar los impuestos, la declaración de juradas positivas, registros promotores y el sistema financiero en su totalidad.
Declaraciones juradas de diez años
Para el estudio de correspondencia de bienes, la Fiscalía solicita de un periodo de cinco años del movimiento financiero de estas personas para poder evaluar si hubo un crecimiento patrimonial indebido o no de estas personas en ese lapso.
“En el caso del expresidente del Senave, el señor Pastor Soria, tiene desde el año 2016 declaraciones juradas. En su caso, vamos a hacer desde el año 2016 porque necesitamos una declaración anterior para poder comparar. Está en el lapso de los diez años, pero necesitamos la anterior declaración para poder analizar”, explicó el director de DDJJ de la Contraloría.
A continuación aclaró: “Si se detectase en el proceso de examen de correspondencia, estamos obligados por nuestro reglamento a dar oportunidad también al funcionario para que pueda explicar esas observaciones si las tuviera. Y posteriormente a eso vamos a estar remitiendo al Ministerio Público”.
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“Una vez culminado, dependiendo del tiempo también que el funcionario muchas veces solicita, en algunos casos solicita prórroga para poder acceder a un documento, vamos a ver todo eso en el proceso”, refirió Torres.
Con relación al tiempo en el que se podría tener un dictamen final, sostuvo: “Quizás podamos terminar en tres meses, en cuatro meses, dependiendo de la complejidad también de los informes”.