Los concejales cómplices del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), que ayer cambiaron abruptamente de discurso y vapulearon su gestión, también podrían ser destituidos por la Cámara de Diputados como producto de la intervención de la Municipalidad. Así lo considera el exconcejal de Asunción, Federico Franco Troche, con base en el marco jurídico que reglamenta el proceso de fiscalización.
El exconcejal señaló que “tanto la Constitución Nacional, en su artículo 165°, como la Ley 317/1994 que reglamenta el proceso de intervención, contemplan la destitución, tanto del intendente como de los miembros de la Junta Municipal“.
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Para que la destitución de los concejales sea puesta a consideración en la Cámara de Diputados, según Franco deben tenerse en cuenta los antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República (CGR) y analizar el grado de responsabilidad que puedan tener los concejales en las irregularidades detectadas, motivo del pedido de intervención.
El exconcejal remarcó que “la Junta hace un control de legalidad de los procedimientos del Ejecutivo y muchos actos se perfeccionan con su aprobación y de lo contrario no tienen eficacia jurídica”, lo que indica el grado de necesidad de la participación de los concejales para la mayoría de los actos del intendente.
Dependerá de intervención, dijo Troche
El exconcejal Franco Troche dijo además que en su dictamen, el interventor, Carlos Pereira, puede dejar constancia de “si existieron responsabilidades, o no, de parte de miembros de la Junta Municipal y del intendente”, lo que podría derivar en un análisis de su destitución.
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Franco Troche destacó que el caso de la intervención de Asunción es, cuanto menos, atípico, dado que el origen del procedimiento estuvo exclusivamente en la Contraloría General de la República (CGR). “Normalmente las intervenciones resultan de pedidos realizados por la Junta Municipal o departamental”, cosa que en este caso no se dio.
El exconcejal señaló que de haber venido de la Junta Municipal el pedido de intervención, habrían deslindado su responsabilidad como contralores de la ejecución presupuestaria. “Por eso que este caso va a abrir una nueva mirada hacia esta situación, porque no existen precedentes en que hayan sido destituidos los miembros de la Junta Municipal”, remarcó.
Habían bloqueado intervención en 2024
La mayoría “azulgrana” que apañó a Rodríguez durante prácticamente todo su mandato y que ayer lo desconoció, no solo aprobó en abril de este año la rendición de cuentas 2024 pese a las contundentes denuncias de desvío de G. 500.000 millones de bonos para obras. Antes, en septiembre del año pasado, estos concejales bloquearon un pedido de intervención planteado por su par Rosanna Rolón (ANR-independiente).
En aquella sesión, en una clara maniobra política, la mayoría oficialista apuró el tratamiento del pedido de intervención para luego rechazarlo, archivando cualquier intento por volver a tratarlo por al menos un año. En esa oportunidad, el concejal Miguel Sosa (ANR-cartista), quien ayer acusó a Rodríguez de arrojarles una “granada sin seguro”, encabezó la maniobra y propuso el rechazo del pedido de intervención.
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Con apenas 12 votos, ante algunas ausencias clave, los cartistas lograron rechazar la intervención de la administración de Rodríguez. En contra de la intervención, votaron los cartistas: Juan Carlos Ozorio, Nasser Esgaib, Miguel Sosa, René Calonga, Luis Bello y Mariano Cáceres. Estuvieron ausentes César “Ceres” Escobar y Javier Pintos.
Los colorados no cartistas aportaron los votos de: Marcelo Centurión, Jesús Lara, Arturo Almirón, Daniel Ortíz y Carlos González . El liberal Félix Ayala también votó en contra de la intervención. En tanto, sus compañeros de bancada Ramón Ortíz, Augusto Wagner y Humberto Blasco votaron entonces por una tibia posición intermedia, la de pedir la renuncia de Rodríguez.
Diputados no incluirían a concejales
La diputada por capital Johanna Ortega señaló que no cree que la Cámara de Diputados incluya a los concejales en un potencial pedido de destitución, dado que estos no fueron incluidos en el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) que dio inicio a la intervención.
Ortega señaló que pese a que el interventor, Carlos Pereira, prometió ampliar la investigación sobre hechos nuevos, más allá de las observaciones iniciales de la CGC, el criterio jurídico de la Cámara de Diputados es el de ceñirse estrictamente a los hechos denunciados inicialmente en la denuncia.
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En ese sentido, recordó que a la comisión especial creada para el análisis del pedido de intervención, solo Rodríguez fue convocado en carácter de acusado, mientras que la Junta Municipal lo hizo en carácter testimonial.
Ortega responsabilizó de esto a la Contraloría, que además de excluir la responsabilidad de los concejales, centró su dictamen solamente en la gestión de los bonos G8 y G9, y “no incluyó los bonos anteriores, el caso de los ”detergentes de oro", hechos por los que él está imputado. Todos los hechos más pesados no están incluidos”, reclamó.
Responsabilidad penal
Los concejales que apañaron la gestión del intendente Rodríguez también son personalmente responsables con sus bienes en caso de que se demuestren perjuicios para la Municipalidad, según lo establece en su artículo 276 la Ley Orgánica Municipal.
La norma señala expresamente que, en caso de que el colegiado autorice actos y operaciones “en contravención a las disposiciones legales vigentes”, solo estarán exceptuados de responsabilidades civiles y penales “aquellos que hubieren hecho constar su voto en disidencia en el acta de la respectiva sesión o los ausentes con permiso previo”.
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La Municipalidad de Asunción está intervenida desde el 24 de junio, con aprobación de la Cámara de Diputados y por pedido de la Contraloría General de la República (CGR), que confirmó el desvío de G. 500.000 millones de bonos que eran para obras que no se ejecutaron. El caso, denunciado por ABC, también fue derivado a la Fiscalía, que mantiene abierta una investigación penal.
Rodríguez además está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”, por compras realizadas en pandemia, en la que la Fiscalía estima un perjuicio de G. 1.850 millones.