Según los últimos datos del Ministerio Público, en el 2024 se denunciaron 3.521 casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de la Niñez resaltó que se registraron alrededor de 500 casos de explotación y trata infantil, entre el 2022 y el 2024.
Cada vez son más las niñas y adolescentes rescatadas de situaciones de trata de personas en Paraguay. Detrás de cada intervención del Ministerio Público o la Policía Nacional, hay una historia marcada por la violencia, la explotación o la servidumbre doméstica. Muchas de estas víctimas ni siquiera fueron captadas por desconocidos: el abuso y la explotación ocurren dentro de sus propios hogares, a manos de personas que deberían protegerlas.
Pero el rescate es apenas el primer paso. Cuando la red cae, ¿quién garantiza la seguridad, el cuidado y la recuperación de estas niñas?
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El año pasado, el Ministerio de la Niñez habilitó el Centro de Protección Ñasaindy, que alberga a esas niñas y adolescentes víctimas de trata, abuso y explotación sexual. “Esto no existía antes, nunca existió desde el Estado, un centro único y especializado de este tipo”, aseguró el viceministro de Protección Integral de Derecho, Eduardo Escobar Said.
No obstante, entre abril y mayo pasado, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) visitó este albergue y emitió un informe oficial en el cual revelan importantes vulneraciones de derechos.
¿Qué vulneraciones se detectaron?
Según los últimos datos, 11 niñas y adolescentes de entre 2 y 15 años vivían en este centro al momento de la visita. La más pequeña es hija de una de las adolescentes. “Este rango etario evidencia una etapa de desarrollo particularmente sensible, marcada por transformaciones físicas, emocionales y sociales, que, en este contexto, se ven atravesadas por experiencias de alta vulnerabilidad y desprotección”, dice el informe del MNP.
Muchas de ellas permanecen allí desde hace más de seis meses, algunas ya llevan años en hogares de acogida, yendo en contra de las normativas nacionales e internacionales que establecen que deben ser excepcionales y temporales. Varias de ellas permanecieron en el sistema de cuidado durante gran parte de sus vidas y sin tener respuestas del sistema de protección social y jurisdiccional, señala el mismo reporte.
Niña fue abusada estando al cuidado del Estado
Si bien todas las falencias detectadas son importantes, hay un hecho especialmente grave detectado por el MNP: una adolescente entrevistada fue víctima de abuso sexual por parte de un educador dentro de otro espacio de abrigo institucional dependiente del Ministerio de la Niñez y Adolescencia.
Sobre este caso puntal, María Elena Verdún, directora de Educación y Participación Ciudadana del MNP, señaló en contacto con ABC Color que no pueden brindar mayores detalles para no vulnerar los derechos de la víctima. Sin embargo, resaltó que tienen conocimiento de que ya hay procesos administrativos y judiciales abiertos por este caso de abuso.
La fiscala a cargo, Viviana Duarte, confirmó que el acusado en esa causa aún no fue condenado. Indicó que solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público, pero aún no tiene fecha definida.
Mientras que el viceministro de Protección Integral de Derecho, Eduardo Escobar Said, indicó que el caso data del Gobierno pasado. Dijo que recuerda que en su momento se montó un operativo para detener al autor, ni bien fue detectado el hecho.
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Las falencias detectadas
El informe del Mecanismo de Prevención de la Tortura menciona sobre todo las siguientes falencias:
- Permanencia prolongada sin planificación de egreso.
- Falta de atención médica integral y psicológica sostenida.
- Alimentación sin planificación nutricional y alimentos mal almacenados.
- Escasa o nula vinculación con la escuela (reciben educación a distancia)
- No reciben educación sexual ni espacios de diálogo, pese al crítico contexto.
- Expedientes desorganizados y sin documentación legal completa.
- Niñas sin información sobre sus causas judiciales.
Las recomendaciones del MNP
El MNP concluyó, en su informe emitido en junio de este año, que este centro no reúne las condiciones para garantizar un entorno protector y reproduce un modelo institucional que es contrario a la ley y sus funciones.
En ese contexto, la institución recomendó al Estado paraguayo fortalecer la supervisión, garantizar el acceso efectivo a la justicia, mejorar las condiciones del cuidado alternativo y asegurar el acompañamiento psicosocial sostenido de las niñas y adolescentes víctimas de violencia extrema.
La directora de Educación y Participación Ciudadana del MNP, resaltó que son de carácter urgente, sobre todo las observaciones en torno a la educación, la alimentación, la formalización del centro, la contratación de profesionales de salud mental y la realización de planes de vida, individualizados para cada niña.
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Indicó que no encontraron un “plan de vida a futuro” para las niñas y un gran desconocimiento por parte de las mismas sobre sus causas judiciales.
Se detectó que si bien se encuentran formalmente escolarizadas, su vínculo con la escuela es “frágil y limitado”, pues solo envían tareas escolares y no se insertan de manera efectiva en las instituciones ni espacios pedagógicos. Tampoco tienen programas de estimulación temprana ni participan de actividades lúdicas en espacios destinados apara ese fin, dice el informe.
También se corroboró además la falta de educación en salud sexual y reproductiva y la falta de atención a situaciones de violencia sexual, sobre todo atendiendo al contexto de vulnerabilidad de las usuarias de este hogar. No encontraron programas específicos para las adolescentes que son madres ni sus hijas.
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¿Qué respondió el Ministerio de la Niñez?
La directora resaltó que ya tuvieron entrevistas con el personal técnico del Ministerio de la Niñez, la Dirección de Promoción y Protección de Derechos y el Viceministro de Protección. Destacó que tuvieron buenas conversaciones y mucha apertura.
Indicó que ya la institución tenía identificadas varias de estas falencias y conversaron respecto a las que son de carácter urgente y las que requieren de soluciones a largo plazo. “En general, hemos tenido buena apertura”, aseguró.
Contextos de vulnerabilidad y problemas para la adopción
Al respecto, el viceministro de Protección Integral de Derecho, Eduardo Escobar Said, señaló que se toman las observaciones “muy seriamente”. Reconoció que, al ser el primer programa de su tipo en Paraguay, el albergue enfrenta múltiples desafíos por corregir.
Sin embargo, indicó que tienen muchas discrepancias y las compartieron con el MNP al recibir el informe.
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Indicó, por ejemplo, que si las estadías superan los seis meses es debido al contexto de vulnerabilidad y la historia difícil de cada niña. “Las víctimas de trata y explotación muchas veces son víctimas de la vulneración de sus derechos dentro de su entorno familiar, son los padres, las madres o las tías o tíos quienes las explotan. Lo ideal sería que las niñas vayan con su familia ampliada, pero si no hay las condiciones, son casos que ingresan al sistema Judicial”, declaró.
En ese contexto, el viceministro indicó que el sistema judicial puede ser largo, pero que luego de que se defina la adoptabilidad surge un nuevo problema: pocas familias quieren adoptar a niños grandes o adolescentes. Indicó que el hecho de que los menores requieran tratamientos psicológicos o de salud -por ende mayor contención- hace que las familias no acepten asumir esa responsabilidad.
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Sus explotadores siguen buscándolas
Con respecto a la observación respecto a la asistencia presencial de las niñas a las escuelas, dijo que es por una cuestión de seguridad. Señaló que “el informe es muy romántico”, pero se trata de víctimas que muchas veces siguen siendo buscadas por el crimen organizado y sus miembros quieren volver a capturarlas.
Indicó que por ello ni siquiera se revela la ubicación del albergue, para precautelar la seguridad. En ese sentido, contó que en este periodo tuvieron al menos dos casos de personas que intentaron llegar a ellas para volver a capturarlas.
En otro momento, insistió en que trabajan siempre de cerca con el Mecanismo de Prevención, pero hay muchas cuestiones específicas que no fueron contextualizadas en el informe, aunque acotó que sí hay áreas en las cuales necesitan seguir mejorando.
Problema de adopción
El viceministro destacó que el año pasado se reformó la ley de adopción y hay procesos mucho más cortos para niños grandes y adolescentes. Sin embargo, los números no mejoraron para ese rango etario.
Indicó que “cada niña tiene una historia de vida, hay que ser muy delicados con sus traumas para abordar de forma correcta. Son casos complicados, historias dolorosas y situaciones difíciles por las que pasaron”. Por ese motivo, indicó la importancia de que las familias consideren dar un hogar a estas víctimas.
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Un hogar más allá del rescate
Las niñas víctimas de trata y explotación no solo necesitan ser rescatadas, sino también acompañadas en procesos largos de recuperación emocional, educativa y afectiva. Muchas de ellas llevan años en estos hogares de abrigo, sin un proyecto de vida definido y sin vínculos familiares que les devuelvan estabilidad.
Aunque la legislación nacional contempla la adopción como una alternativa, son pocas las familias que optan por recibir a adolescentes que arrastran historias marcadas por la violencia. Las instituciones reconocen que los procesos son complejos, pero también insisten en que cada niña necesita un entorno seguro y amoroso donde volver a empezar, el problema es que pocas veces llega antes de que cumplan la mayoría de edad y, mientras tanto, sufren el abandono en los albergues.