La condena a 20 años de cárcel impuesta a Cristian César Turrini Ayala, por los hechos de tráfico internacional de drogas y asociación criminal según la ley especial de drogas, al comprobarse su involucramiento en el caso de la megacarga de 2.906 kilos de cocaína, incautada en octubre de 2020 en el Puerto Privado Terport de Villeta; quedó firme con la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa.
La decisión se dio a través del Acuerdo y Sentencia (A y S) N° 290 dictada este martes 8 de julio de 2025 por la Sala Penal de la máxima instancia judicial, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia y María Carolina Llanes, que estudió el recurso interpuesto por Turrini Ayala, bajo patrocinio la Abg. Claudia Marlene Rolón Garay, en contra del A y S Nº 7 del 6 de agosto de 2024 dictado por el Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala.
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“En lugar de exponer sus agravios lo que hace la Defensa es expresar su desacuerdo con lo resuelto por el tribunal de apelaciones, lo cual no basta para sostener una posición jurídica. En cuanto a la falta de fundamentación del fallo de segunda instancia, tampoco basta afirmar sin más que una resolución es infundada pues es la recurrente quien debe indicar por qué es infundada y arbitraria mediante una argumentación suficiente, lógica y verificable, lo cual en este caso no han hecho”, resalta parte del fallo dictado por la Sala Penal.
Con esta resolución de la Corte Suprema de Justicia queda firme el fallo dictado el 2 de noviembre de 2023 por el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Víctor Alfieri e integrado por Alba González y Dina Marchuk, que condenó a Turrini Ayala a 20 años de pena privativa de libertad.
Turrini fue condenado por megacarga de cocaína
El colegiado tomó la decisión a través de la Sentencia Definitiva N° 487 de fecha 2 de noviembre del 2023, tras comprobarse en un juicio oral que el mismo participó realizando los trámites para la remisión de una carga de 2.906 kilos de cocaína entre carbón vegetal con destino a Israel, incautada en la operación Swiffer.
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El Tribunal de Sentencia delaró culpable a Turrini de la comisión de los hechos punibles de tráfico internacional de drogas y asociación criminal, previstos en los artículos 26 y 44 de la Ley N° 1340/88 Especial de Drogas y su modificatoria Ley N° 1881/2002, que en concurso, la expectativa de pena era de hasta 30 años.
Sin embargo, el Colegiado analizó el artículo 43 de la Ley Nº 1340/88 para aplicar la pena a Turrini. En dicho apéndice la norma se prevé la disminución de hasta la quinta parte de la condena en casos de que el procesado provea de información que permitan el comiso de sustancias ilícitas o desmantelar organizaciones criminales.
La pena establecida por el Tribunal es superior a la requerida por el Ministerio Público, representado por los fiscales de Narcotráfico Elva Cáceres, titular de la causa, y Osmar Segovia. En ocasión de presentar sus alegatos finales, la fiscala antidrogas Elva Cáceres solicitó una pena de 15 años de cárcel para Cristian Turrini, quien en juicio solicitó a los jueces su absolución en el caso.
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Caso Swiffer dio origen a Operación Belia
Dentro del “caso Swiffer” surgieron indicios importantes como identidades de los integrantes de la estructura narco en Paraguay, que dentro de nuestro país cumplía funciones de acopio de grandes cantidades de cocaína en ciertos puntos y la exportación, en colaboración con estructuras extranjeras de Bélgica o Holanda.
Con toda esa información colectada se dio origen al caso Belia, dentro del cual se estableció la conducta de Miguel Servín, como líder de la red, y que en ese carácter contaba con la colaboración de Cristian Turrini, que a su vez tenía la cooperación de Alberto Ayala Jacquet.
Por otra parte, Cristian Turrini también tenía ayuda de Ricardo Ariel Aquino, encargado de conseguir carbón del Chaco paraguayo, para ser exportado posteriormente al destino escogido, siguiendo la ruta marítima más conveniente elegida por Miguel Servín.
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Otro de los presuntos colaboradores era Andrés Fernández, quien utilizaba su cuenta bancaria para efectivizar el producto de la comercialización de la droga, además de la compra de carbón y otros insumos necesarios para el envío de la cocaína, a través de su empresa denominada “Quattro A”.